Según reportes de prensa, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias otorgará esos fondos al territorio fronterizo con México para lidiar con el posible incremento del número de indocumentados que intenten entrar en este país norteño.
La aplicación de la normativa, que permite expulsar a los migrantes sin darles oportunidades de asilo, debe cesar el próximo miércoles, luego de que el juez Emmet Sullivan así lo dispusiera en noviembre por considerarla “arbitraria y caprichosa”.
Entre los cuestionamientos a la orden heredada de la presidencia de Donald Trump (2017-2021), y en vigor desde marzo de 2020, aparece el hecho de que se aplica en forma dispareja según la nacionalidad y afecta principalmente a las personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, además de los mexicanos.
Defensores de los derechos de los inmigrantes argumentaron que los funcionarios estaban usando la salud pública como pretexto para mantener fuera del país a la mayor cantidad posible de gente.
Si bien en su momento fue justificada por supuestamente evitar la propagación de la pandemia de Covid-19, luego expertos del sistema sanitario criticaron la política y dijeron que no estaba amparada por las actuales circunstancias.
Había expectativas de que Joe Biden levantara la disposición cuando asumiera la presidencia del país, dadas las promesas de su campaña de construir un sistema de inmigración más humano, pero su administración terminó extendiéndola por casi dos años.
De acuerdo con el canal CNN, durante el fin de semana más de dos mil 400 migrantes cruzaron a Estados Unidos cada día cerca de El Paso, anticipo de la posible aglomeración luego del 21 de diciembre.
El secretario de Seguridad Nacional norteamericano, Alejandro Mayorkas, quien visitó el pasado martes esa ciudad en Texas, anunció la continuidad del Título 8, que es la norma estándar por la que Washington devuelve a quienes no acepta dentro de su territorio.
“Con o sin Título 42, las personas que no puedan establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas”, dijo Mayorkas, y agregó que la medida también contempla procesos de salida acelerados y la prohibición de reingreso por cinco años.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza notificó la detección en el año fiscal que finalizó el pasado 30 de septiembre de más de 2,76 millones de personas que pretendían pasar a esta nación ilegalmente, el mayor número jamás registrado.
Sin embargo, opositores al Título 42 argumentan que las estadísticas oficiales sobre los encuentros en la frontera inflan la gravedad de la situación, porque los datos incluyen a personas que cruzan esa zona varias veces.
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