El proyecto de gastos fue consultado con el presidente Nayib Bukele a los efectos de garantizar que existan los fondos necesarios para su cumplimiento, que tendrían la respuesta afirmativa de parte del mandatario.
El plan propuesto por el Ministerio de Hacienda es por un monto de ocho mil 902,6 millones de dólares, de los cuales dos mil 182,7 millones estarán destinados a la deuda pública.
La idea que se convertiría en ley contempla en el caso de los órganos del Estado un monto de cuatro mil 706,7 millones de dólares con destaques de fondos en áreas sociales como Educación (mil 501,8 millones), Salud (mil 131,1 millones), Seguridad Pública (588,1) y Obras Públicas (413,9 millones de dólares).
La Ley de Presupuesto de la Nación 2023 ya fue aprobada por la Comisión de Hacienda del Parlamento y además autorizaría al gobierno a la búsqueda de créditos de financiamiento por mil 139,3 millones para cubrir la brecha presupuestaria.
Según los estimados, los ingresos corrientes para el ejercicio fiscal 2023 están previstos en seis mil 795,4 millones, principalmente de captación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) y el Impuesto sobre la Renta, entre otros, además de 181 mil 292,788 de contribuciones especiales.
Tras meses de negociaciones y consultas, el Legislativo debe aprobar que los gatos sociales sean el corazón de la iniciativa.
Por ejemplo, el sector de la educación recibirá una asignación de mil 501,8 millones de dólares que incluye 2,1 millones para educación en primera infancia y otros montos aplicables en el marco de la Ley Crecer Juntos.
Según Christian Guevara, del partido Nuevas Ideas, el plan de gastos 2023 prioriza el área social como educación y salud, aunque no obvió fondos para mantener las políticas de seguridad ciudadana y la agricultura.
La Asamblea estuvo enfrascada en esta semana en la aprobación de la controversial Ley Integral del Sistema de Pensiones que dejó un sabor amargo en algunos sectores de la población que demandaban mayores consultas antes de su aprobación.
“Merecía un debate nacional más amplio, más democrático”, dijo la diputada Claudia Ortiz, del partido de centroderecha Vamos.
Como aspecto sustantivo de la labor del Parlamento en su gestión anual destacó la aprobación de una Ley de Estado de Excepción el 27 de marzo.
Esta ya fue prorrogada en ocho ocasiones y que arropa el plan general de seguridad para enfrentar a las pandillas, lo cual permitió el arresto de más de 60 mil de sus miembros y bajó en un alto porciento los homicidios en el país.
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