El informe recoge 56 recursos de investigación de origen documental, testimonial e información financiera y fundamenta los delitos de lavado de dinero y otros activos, hechos que se remontan a mayo y junio de 2010, cuando Sinibaldi era diputado por el extinto Partido Patriota (PP).
Según la Feci, desde su posición al frente de la comisión legislativa de Comunicaciones, Transporte y Obra Pública el acusado recibió beneficios de las sociedades mercantiles Seguridad ASA S.A. y Servicios Aéreos y Marítimos del Norte.
Ese monto debió invertirse en la contratación de agentes de seguridad privada para el servicio del Transurbano de la capital, lo cual no sucedió.
El 9 de febrero de este año Sinibaldi fue ligado a proceso por ese expediente, pero enfrenta otros denominados Cooptación del Estado, Construcción y Corrupción, y Odebrech, tras entregarse a la justicia guatemalteca en agosto de 2020.
Permaneció prófugo desde el 11 de julio de 2016 y su captura se concretó en la frontera con México, a donde llegó de un periplo iniciado en Florencia, Italia.
El titular de Comunicaciones del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti -ambos en prisión preventiva- se postuló en 2015 como candidato presidencial por el PP para las elecciones de 2015, pero renunció a 12 días de la convocatoria además de su retiro del partido.
Dos años después el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala lo señalaron públicamente como pieza clave en diversos actos de corrupción.
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