El Estado panameño ordenó el pasado 15 de diciembre el cese de las operaciones comerciales de la mina de cobre, mientras la compañía se acogió a la vía del arbitraje, en medio de decisiones que solo aumentaron la ya tensa relación.
En las conversaciones, la firma que representa la mayor inversión privada en el istmo dio un paso con el que retrocedió casi un año atrás, pues propuso cambiar el tratamiento fiscal acordado previamente que representaba un aporte anual al país de 375 millones de dólares.
Como reacción, el Gobierno ordenó congelar las operaciones tras el fracaso del acuerdo y en cumplimiento de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que en 2017 declaró inconstitucional el contrato ley de 1997 que le otorgaba la concesión para la explotación en Donoso, provincia de Colón.
El Consejo de Gabinete fue enfático cuando indicó al Ministerio de Comercio e Industria (MICI) adoptar medidas administrativas de conformidad al Código de Recursos Minerales y ordenar a la compañía que estableciera un plan de preservación y gestión segura.
A medida que pasó el tiempo las brechas se ensancharon. El MICI reveló que el viernes 23 de diciembre había un acuerdo de ambas partes en reunirse, pero FQM y su filial Minera Panamá optaron por adelantar “gestiones para iniciar dos procesos de arbitraje contra Panamá”.
Minera Panamá pelearía por lo que se denomina “perturbación de la inversión”. Esta sería la causal del arbitraje, entendiendo que el cese de operaciones no les deja realizar su actividad y hacer frente a sus compromisos, mientras se deterioran las inversiones hechas y se atenta con las que estaban programadas.
Una vez conocida la decisión de la minera, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá señaló a la prensa que el Ejecutivo debería evaluar las consecuencias que puede tener no llegar a una negociación satisfactoria entre las partes y lo que esto representa para el país.
Se trata de una empresa que tiene siete mil empleados y cuya actividad representa un 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto del país canalero, según esa entidad.
Por su parte, el presidente de la Unión de Trabajadores de Minera Panamá, Francisco Díaz, alertó que aún desconocen quién asumirá el pago de sus salarios una vez se ejecute el plan de mantenimiento en el proyecto.
A diferencia del cierre de 2020, cuando se incrementaron los casos de Covid-19, , ahora no hay razón de “emergencia nacional” para reducir el personal que debe seguir operando en la mina, opinó.
De su parte, organizaciones sociales denunciaron irregularidades en torno al vínculo Gobierno-Minera Panamá.
El alcance de la medida no ha sido aclarado por el Ejecutivo, por lo que investigadores apuntan a que la empresa puede seguir extrayendo el mineral pero no lo puede exportar, quedando supuestamente privada de la razón del negocio, indicó un comunicado del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso).
Ese colectivo también se cuestionó que se busca otra firma que reemplazaría a FQM y rechazó que la selección recaiga en Broadway Strategic Minerals Panamá, S.A, institución que ya en 2007 acumulaba demandas de ecologistas y comunidades originarias por daños ambientales
También resaltó que entonces, el actual vicepresidente del país, José Gabriel Carrizo, trabajaba como representante legal de la empresa minera, lo cual justifica que le hayan entregado concesiones, por más de 25 mil hectáreas de áreas protegidas para extractivismo (explotación minera).
En su mensaje a la nación este mes para anunciar el cierre de operaciones comerciales de Minera Panamá, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, señaló que su Gobierno buscaría las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina de cobre a través de un contrato que establezca beneficios justos para todas las partes.
En defensa de los intereses nacionales, y especialmente de los trabajadores de la mina, Cortizo sostuvo que puso en esta tarea “toda la paciencia necesaria, la buena fe y la mejor de las voluntades para lograr que la Minera ratificara lo acordado, y por eso esperábamos reciprocidad, lo cual no se dio”, remarcó.
El Ejecutivo y la empresa comenzaron a negociar el nuevo contrato en septiembre de 2021 y en enero pasado se anunció un acuerdo que multiplicaba las regalías al Estado y generaba más entradas por el pago impuestos; sin embargo, nunca llegó a concretarse con una firma.
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