De acuerdo con el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, si la filial de la canadiense Quantum Minerals (FQM), a la que se le ordenó el cese de las operaciones comerciales, espera llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, debería aceptar las condiciones iniciales del pacto.
Araúz estimó que el tiempo dedicado a ese litigio se convertirá en inseguridad para los inversionistas y eso se reflejará en corto tiempo.
En declaraciones a la prensa, el letrado precisó que el inicio del proceso arbitral debe entenderse como que cada parte debe preparar un comportamiento que le permita seguir en negociación aunque con mayores presiones.
Para la compañía, sin embargo, los años que demore esa etapa es poco ventajoso, si lo que busca es tener un contrato firmado por el Estado, al cual ningún proceso arbitral puede obligar a suscribirlo.
El pasado lunes en esta capital el director ejecutivo de FQM, Tristan Pascall se reunió con el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, con la intención de llegar esta semana a un acuerdo.
Minera Panamá, subsidiaria de FQM, es la más grande de Centroamérica, con una inversión de entre siete mil y 10 mil millones de dólares.
En enero de este año, la compañía aceptó en una misiva oficial pagar a Panamá un mínimo de 375 millones de dólares anuales, para seguir extrayendo cobre a cielo abierto en el distrito de Donoso, Colón.
El gobierno de Panamá exigía a la empresa minera el pago de regalías anuales del 12 al 16 por ciento sobre las ganancias brutas por la extracción, frente al 2,0 por ciento actual, así como también el pago del impuesto sobre la renta (actualmente la empresa está exonerada).
El pasado 15 de diciembre, el Ejecutivo ordenó adoptar las medidas administrativas de conformidad con el Código de Recursos Minerales y ejecutar un plan de preservación y gestión segura (cuido y mantenimiento) o lo que es igual al cierre de operaciones.
Diez días después, a pesar de que ambas partes acordaron reunirse, el 24 de diciembre del presente año la minera informó que solicitó un arbitraje comercial
Uno de los procesos conforme está planteado en el contrato ley de 1997, y el otro es un arbitraje “de inversión”, amparado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Canadá, país de origen de la inversión minera.
Pero la cláusula a la que se pretende apegar Minera Panamá también indica que se exceptúa del arbitraje “aquellas controversias que se refieran a la guarda de la integridad de la Constitución”.
Para algunos juristas, esto significa que de acuerdo con el Contrato Ley 9 de 1997, no se podría acudir al arbitraje por el fallo de 2017 de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional dicha norma.
El Ejecutivo y la empresa comenzaron a negociar el nuevo contrato en septiembre de 2021 y en enero pasado se anunció un acuerdo entre las partes, que multiplicaba las regalías al Estado y generaba más entradas por el pago de impuestos, sin embargo nunca llegó a concretarse con una firma.
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