Equipos de la División Antinarcóticos junto a canes entrenados se mantienen en el cerco de seguridad en la comunidad Tutunichapa y en La Granjita para detectar drogas ocultas, entre otros ilícitos, objetivos de la fase V del Plan de Control Territorial que ejecuta el gobierno para presuntamente eliminar los focos delictivos.
El pasado 24 de diciembre, el presidente Nayib Bukele anunció que Tutunichapa, en San Salvador, estaba totalmente cercada con el objetivo de capturar a los terroristas que aún se mantienen en la zona y para brindar seguridad a los habitantes, una acción que se extendió en la tarde a La Granjita.
Ambos lugares son conocidos como centros de distribución y venta de diferentes tipos de narcóticos, fundamentalmente marihuana y cocaína, dijeron voceros de la PNC.
Sin embargo, el anillo de seguridad en La Granjita y Tutunichapa, que permitió hasta ahora capturar a más de 60 personas vinculadas a delitos de comercio, almacenamiento y tráfico de drogas, tiene apoyos y críticas de parte de la población.
Pobladores aseguran a los medios que la presencia de los uniformados les da un ambiente de seguridad, mientras otros se quejan de las molestias que causan las operaciones de los uniformados.
Abogados constitucionalistas citados por el diario Hoy aseveraron que las autoridades de seguridad estarían incumpliendo el Artículo 20 de la Constitución sobre la inviolabilidad de la morada, entre otras acciones que molestan a los pobladores pese a que en muchas oportunidades elogian públicamente las acciones.
Según la publicación, sobre el bulevar Constitución de San Salvador se encuentra la comunidad La Granjita, sitio que también está militarizado desde el 24 de diciembre. Hay militares en cada esquina y muy pocos civiles que salen a caminar a la calle, una muestra, según algunos por el temor reinante en la zona.
Luego de la aplicación de la Fase V, arropada por el estado de excepción que ya cumple nueve meses, abogados constitucionalistas y defensores de derechos humanos hicieron sus valoraciones sobre dicha medida.
Aunque con algunos matices, los profesionales coinciden en un punto: el gobierno está haciendo un espectáculo mediático de la supuesta extracción.
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