Según los observadores, la próxima sesión será la última oportunidad para que el gobierno lidie con un convenio desencadenante de ira popular.
La aprobación de una ley para prohibir la compra de gas del régimen de Tel Aviv es una de las alternativas del Parlamento que no pasó la legislación en anteriores ocasiones.
Sin embargo, marchas populares contrarias a tal anuencia comercial se registraron en las últimas semanas en esta capital y otras provincias.
En medio de consignas contra el primer ministro Omar al-Razzaz, a quien la percepción popular estima que con ese convenio se entrega un sector clave al enemigo como lo considera una gran mayoría de la población jordana.
Ese es el motivo por el cual los manifestantes exigieron del parlamento la destitución del Ejecutivo por su insistencia en obviar el criterio de la ciudadanía.
La semana pasada, una treintena de diputados firmó un memorando para retirar la potestad al Gabinete de importar gas israelí.
El argumento de los funcionarios consiste en que la compra de combustible no es directa a Tel Aviv, sino de una empresa basada en Estados Unidos que posee acciones en el campo Leviatán, en Israel.
Uno de los artículos que entrará en debate en el hemiciclo se refiere a la prohibición para que ningún Ministerio, institución estatal o compañía propiedad del estado pueda importar gas o derivados del petróleo de Tel Aviv sea cualesquiera su origen.
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