Además, solicitó que sean procesados empresarios contratistas de las autoridades capitalinas, fiscales y la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019), Silvia Majdalani.
En un comunicado, el titular argentino de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, precisó que, por instrucción del presidente Alberto Fernández, pidió una investigación penal sobre hechos publicados por fuentes periodísticas, que, de corroborarse, configurarían graves actos de corrupción y otros delitos contra la administración pública.
D’Alessandro es considerado sospechoso de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de su trabajo y otros comportamientos contrarios a las leyes nacionales.
De confirmarse las revelaciones, “demostrarían una connivencia escandalosa entre el ministro capitalino, altos funcionarios judiciales, exdirectivos de Inteligencia y concesionarios de servicios públicos, incompatibles con un Estado de Derecho”, señala el comunicado.
El documento solicita la realización de indagaciones sobre presuntos hechos de corrupción vinculados al servicio de grúas de remolque de esta ciudad, operado por la empresa Dakota S.A., y un supuesto “arreglo” de licitaciones para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía por D’Alessandro y Majdalani.
Entre las medidas de prueba demandadas se encuentran la realización de pericias informáticas a los teléfonos de los implicados.
La promiscuidad entre sectores del poder político, la justicia y empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas, concluye el comunicado.
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