Sergio Rodríguez Gelfenstein*, colaborador de Prensa Latina
Romper la exclusión que se pretendía aplicar a Venezuela, requirió del aprendizaje, desarrollo y práctica de una adecuada metodología y un inteligente esquema de trabajo que abandonara algunos de los moldes tradicionales de la diplomacia, a fin de encarar exitosamente el nuevo momento que se comenzó a vislumbrar a mediados del año pasado, cuando se observaron las primeras manifestaciones del fracaso de la política de aislamiento de Venezuela en el plano internacional.
Las relaciones internacionales
Las radicales medidas tomadas incluyeron la decisión de contraer el papel de la Cancillería designando sucesivamente a dos titulares de bajo perfil y poco manejo político: Félix Plasencia (agosto 2021-mayo 2022) y Carlos Faría (desde entonces) para producir una mayor centralización de la política exterior a fin de dar conducción al difícil momento que vive el país.
Ello se ha verificado a partir de la acción personal del presidente Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, en quienes ha recaído- desde los primeros meses del año 2022- el peso total del diseño y ejecución de las relaciones internacionales.
Esta situación respondió a intereses coyunturales y seguramente será modificada más temprano que tarde. El año que comienza será de mucha intensidad en materia internacional. Además de la negociación con Estados Unidos, habrá que trabajar duro por la integración en diferentes escenarios como Mercosur, Unasur, CELAC y Petro Caribe entre otros. Y en pocos días, iniciamos un nuevo momento en América Latina y el Caribe al realizarse en Argentina la Cumbre de la CELAC, a la cual- como corresponde- ha sido invitado el presidente Maduro. Todo esto pasa por revitalizar la Cancillería, dotarla de dinamismo y de capacidad ejecutoria a fin de que salga del marasmo en que se encuentra.
Venezuela- Estados Unidos
Para nadie es un secreto que la tarea principal de la política exterior de Venezuela en el momento actual es el restablecimiento pleno de las relaciones con Estados Unidos. El gobierno bolivariano ha planteado con precisión que ello será posible sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos. Para avanzar en tal camino, Venezuela ha exigido la eliminación de las 763 sanciones directas así como de las más de 900 acciones de todo tipo que configuran un total de más de mil 600 medidas coercitivas unilaterales que ha adoptado Washington contra el pueblo venezolano.
Las conversaciones en México entre el sector terrorista de la oposición manejado desde Washington (que representa el 18 por ciento de toda la oposición en Venezuela), en realidad encubren una negociación entre el gobierno del presidente Joe Biden y el del presidente Nicolás Maduro. Biden actúa de acuerdo con una adversa correlación de fuerzas internas que lo limitan a exponer abiertamente que está negociando con Caracas. Por ello, utiliza al sector más retrógrado y desprestigiado, por tanto más subordinado y manejable de la derecha local como vocero oficioso de la política de Estados Unidos. El hecho de que el diálogo se desarrolle en México y no en territorio nacional responde a la necesidad de Washington de tener un control directo de los hilos de la conversación, toda vez que al no tener relaciones diplomáticas con Venezuela, están ausentes del país para intervenir en las decisiones de la clase política local subordinada a fin de manejar de manera directa las operaciones sobre el terreno.
Parecía que el viaje de Juan González, director para las Américas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos a Caracas en marzo de 2022 abriría un espacio para el diálogo directo entre los dos países pero, en realidad, tal visita obedeció a la necesidad de Estados Unidos de explorar el mercado energético tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Incluso, este encuentro debió ser ocultado a la fácilmente manipulable opinión pública de Estados Unidos tras el supuesto interés de Biden de negociar la libertad de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.
La intención de Biden de apartarse de la “fallida política” de Donald Trump contra Venezuela para hacerla más “efectiva” en la búsqueda del objetivo de sus dos antecesores que es el derrocamiento de Maduro, le ha llevado a maquillar dicho objetivo, sobre todo porque necesita tener alternativas ante la posibilidad de una crisis energética global de dimensiones insospechadas si la guerra en Ucrania se sigue prolongando.
Tras el fracaso del Grupo de Lima como instrumento operativo para el derrocamiento de Maduro y la desaparición política de la mayor parte de sus protagonistas, Biden insistió en los intentos de aislar a Venezuela. Por ello, Caracas no fue invitada a la “Cumbre de las Américas” realizada en Los Ángeles en junio de 2022.
Venezuela y el mundo y en el mundo
La respuesta del gobierno de Venezuela fue organizar -en simultánea con la Cumbre- una gira por la región euroasiática en la que el presidente Maduro visitó algunos de los países que marcan el protagonismo en el nuevo sistema internacional que se abre paso: Türkiye, Argelia, Irán, Kuwait, Catar y Azerbaiyán configuraron el amplio abanico de naciones con las que Venezuela fortaleció relaciones de cara a la ampliación de la cooperación, el comercio y la inversión en variadas áreas de la economía y de los servicios, haciendo énfasis en la agricultura, el turismo, las finanzas, la logística, la industria, la minería y por supuesto el sector energético.
Así mismo, Venezuela siguió añadiendo experticia al estudio y conocimiento práctico de medidas y acciones que le permitan burlar el bloqueo económico, comercial y energético ilegal decidido por Estados Unidos y Europa. De igual manera, el presidente Maduro ha llevado adelante un diálogo político conducente a intercambiar ideas que lleven a Venezuela a desempeñar un papel relevante en el mundo del futuro.
El contexto regional
En cuanto a la política regional, Venezuela ha seguido avanzando en su proceso de reinserción tras el distanciamiento de buena parte de los países del continente que se decidieron por seguir a Estados Unidos apostando al derrocamiento del presidente Maduro.
Desde el año 2020, el país ha sido testigo del regreso de embajadores plenipotenciarios de México, Honduras, Perú, Argentina, Colombia y Uruguay y muy probablemente de Brasil en los próximos meses, configurando una situación distinta a la creada en 2019 cuando Estados Unidos intentó construir una institución estatal paralela en el país que recibió el apoyo de la mayor parte de los gobiernos de derecha de la región.
Particular impacto ha tenido el restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales con Colombia habida cuenta del alto número de ciudadanos de cada país que residen en el otro y de la multitud de intereses mutuos en materia de intercambio económico y comercial así como la necesidad de diseñar una política que permita establecer normas de funcionamiento mutuamente ventajosos en la extensa frontera de dos mil 219 kilómetros entre los dos países.
La posibilidad de que una situación similar se comience a verificar en el 2023 en las relaciones con Brasil tras la asunción de la presidencia por Lula Da Silva, dará cuenta de una total estabilización de las dos principales fronteras terrestres de Venezuela, generando condiciones de estabilidad y gobernabilidad, redundando en una situación positiva para el país, sobre todo porque las grandes tensiones en materia de seguridad nacional vividas en el pretérito reciente, darán paso a la búsqueda de soluciones a través del dialogo y la negociación a fin de coordinar acciones en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia organizada.
Finalmente, en el marco de la salvaguarda de los intereses nacionales, la diplomacia bolivariana ha refrendado la posición de Venezuela ante los organismos internacionales, al ejercer firme defensa de la soberanía sobre el territorio esequibo.
A este efecto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez acudió a La Haya, Países Bajos, a fin de presentar la posición de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia cuando Guyana ha violentado el acuerdo de Ginebra de 1966 para servir a los intereses de las grandes transnacionales de la energía que pugnan por hacerse de los ricos yacimiento energéticos del territorio.
rmh/srg
*Licenciado en Estudios Internacionales, Magister en Relaciones Internacionales y Globales
(Tomado de Firmas Selectas)
