En declaraciones a la radioemisora la Voz de Palestina, Ahmad Majdalani, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, advirtió sobre una inminente explosión social en la franja de Gaza y Cisjordania.
Majdalani lamentó la falta de falta de interés de Tel Aviv en el reinicio de las negociaciones y criticó a las autoridades de ese país por intentar imponer una política de hechos consumados en la Margen Occidental.
La pasada semana el gobierno ultraderechista de Benjamin Netanyahu anunció varias medidas contra la Autoridad Nacional Palestina (ANP) por solicitar e impulsar una votación en la Asamblea General de la ONU.
Aprobada por 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones, la iniciativa solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una opinión consultiva sobre la ocupación israelí.
También pidió a ese órgano de justicia pronunciarse sobre el conflicto y que investigue las leyes discriminatorias y las medidas de Tel Aviv para cambiar la composición demográfica de Jerusalén oriental.
En represalia, Israel paralizó todas las construcciones palestinas en el área C, una zona que representa el 60 por ciento de Cisjordania y bajo control directo israelí desde 1967.
Además, anunció la incautación de 139 millones de séqueles (unos 39 millones de dólares) de los fondos fiscales recaudados en nombre del gobierno palestino y la adopción de medidas contra las organizaciones que promuevan “cualquier actividad hostil” hacia el Estado judío, incluida acciones políticas y legales.
Ante la situación, la ANP rechazó tales acciones y ratificó que continuará la lucha política, diplomática y legal para poner fin a la ocupación.
Los derechos de los palestinos no son negociables, advirtió en un comunicado el portavoz de la ANP, Nabil Abu Rudeina.
En otro comunicado, el primer ministro Mohammad Shtayyeh criticó también el robo de los fondos palestinos por parte de la vecina nación.
lam/rob
