Tal reprobación apareció en una nota conjunta divulgada y firmada por los titulares Rosa Weber, de la Corte Suprema; Alexandre de Moraes, del Tribunal Superior Electoral, y Maria Thereza de Assis Moura, del Superior Tribunal de Justicia.
Además, rubricaron el texto los timoneles Lelio Bentes Corrêa, del Tribunal Superior del Trabajo, y el general de Ejército Lucio Mário de Barros Góes, del Superior Tribunal Militar.
En el contenido, los signatarios calificaron de grave la destrucción del patrimonio público con los ataques a las sedes del Supremo Tribunal Federal, del Congreso Nacional y del Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
«Al tiempo en que expresan solidaridad a las autoridades legítimamente constituidas, y que son blanco de esa absurda agresión, reiteran a la nación brasileña el compromiso de que el Poder Judicial seguirá firme en su papel de garantizar los derechos fundamentales y el Estado Democrático de Derecho», indican los suscritores del comunicado.
A los gritos de «limpieza general» y al sonido de himnos brasileños, un inmenso grupo de bolsonaristas invadió este domingo la Explanada de los Ministerios para manifestarse contra los resultados de la segunda vuelta de elecciones del 30 de octubre que ganó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los extremistas, que piden una intervención militar y son calificados por comentaristas políticos televisivos de terroristas, entraron al Congreso Nacional bajo una lluvia de bombas de gas lacrimógeno.
Antes de las incursiones, los agentes procuraron contener a los bolsonaristas (adeptos del exmilitar), armados con palos y piedras, con spray de pimienta, sin embargo, estos penetraron en las áreas de contención de los edificios en la Plaza de los Tres Poderes.
Tras la irrupción en el Parlamento, los inconformes con la victoria electiva y asunción al poder de Lula ingresaron al Supremo Tribunal Federal.
De igual manera, en el Palacio del Planalto, un grupo de radicales llegó hasta el cuarto piso y depredó el baluarte del Poder Ejecutivo.
Finalmente, las fuerzas de seguridad recuperaron el control de las sedes de las instituciones democráticas en Brasilia, donde establecieron un perímetro alrededor de la Plaza de los Tres Poderes.
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