Los catedráticos de las universidades Bar-Ilan, de Tel Aviv, la Hebrea de Jerusalén, Reichman y de Haifa, entre otras, cuestionaron los planes del ministro de Justicia, Yariv Levin.
Los cambios son una amenaza a la naturaleza democrática y liberal de Israel, argumentaron.
El proyecto de Levin incluye la llamada “cláusula de anulación”, que permitiría a la Knesset (Parlamento) volver a legislar leyes anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia. Según la idea, 61 diputados de los 120 que integran el hemiciclo podrían revocar un dictamen del máximo órgano de justicia. La coalición ultraderechista en el poder controla 64 escaños.
Además, Levin busca sumar otros dos políticos al comité que selecciona los jueces, integrado también por magistrados.
“Estos cambios buscan someter los nombramientos, y peor aún, también sus promociones y destituciones, de todos los jueces del Estado a la mayoría en la Knesset (lo cual) subordinará casi por completo el poder judicial a la coalición” ultraderechista, advirtieron los decanos.
También el dirigente del partido opositor Unidad Nacional y hasta la pasada semana titular de Defensa, Benny Gantz, se sumó este lunes a la ola de criticas contra esa reforma.
La mayoría de los ciudadanos se oponen a ella y por tanto saldrán a las calles a sacudir el país, advirtió Gantz, durante un encuentro de su formación.
El número dos de Unidad Nacional y exministro de Justicia Gideon Saar cuestionó el proyecto al estimar que Levin no quiere equilibrar el sistema sino destruirlo.
Anoche decenas de miles de israelíes se concentraron en esta capital para protestar contra la iniciativa.
El ex primer ministro Ehud Barak criticó días atrás al nuevo Gobierno al señalar que muestra signos de fascismo y que tiene entre sus miembros a racistas mesiánicos.
Este Ejecutivo impulsa un golpe de Estado en Israel ante nuestros ojos, con su racismo, corrupción, castración del sistema de justicia, politización de la policía y socavación de la cadena de mando en el Ejército, afirmó Barak.
mem/rob
