Los ministros de la corte superior formaron mayoría mínima para mantener la decisión que adoptó el magistrado Alexandre de Moraes.
También hubo mayoría para conservar la orden de prisión preventiva contra el exsecretario de Seguridad del DF Anderson Torres y el excomandante de la Policía Militarizada del distrito Fabio Augusto Vieira.
Para De Moraes, «absolutamente nada justifica la omisión y convivencia del secretario de Seguridad Pública y del gobernador del Distrito Federal con criminales que, previamente, anunciaron que practicarían actos violentos contra los poderes constituidos».
Fuerzas de seguridad del DF no contuvieron el domingo a los adeptos radicales del derrotado mandatario Jair Bolsonaro que invadieron y depredaron el Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Según el juez, los actos terroristas solo pudieron tener el consentimiento del gobierno del DF, pues los preparativos eran conocidos.
La escalada violenta de las acciones «con depredación del patrimonio público, conforme ampliamente informado por la prensa nacional, circunstancias que solo podrían ocurrir con la anuencia, y hasta participación efectiva, de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia», argumentó el magistrado en un anterior fallo.
Apuntó además que las embestidas contra los edificios y las instituciones de la República fueron indignos y no quedarán impunes.
Insistió en que «los despreciables ataques terroristas a la democracia y a las instituciones republicanas serán responsabilizados, así como los financiadores, instigadores y los anteriores y actuales agentes públicos cómplices y criminales, que continúan en la ilícita conducta de la práctica de actos antidemocráticos».
Precisó que el alejamiento de Rocha se justifica ante la comisión de crímenes como: actos preparatorios de terrorismo, asociación criminal, daño, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.
«La democracia brasileña no será sacudida, mucho menos destruida, por criminales terroristas», aseguró.
El Congreso aprobó el martes el decreto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva que autoriza hasta el 31 de enero la intervención federal en la Seguridad Pública del DF, a raíz de las invasiones.
Tal medida está prevista en el artículo 34 de la Constitución Federal para «poner fin a grave comprometimiento del orden público» y «garantizar el libre ejercicio de cualquiera de los poderes en las unidades de la federación».
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