A partir del 3 de abril próximo más de dos millones de familias, entre ellos beneficiados con la Renta Dignidad para adultos de la tercera edad que no perciban otros ingresos, el bono Juana Azurduy para las madres y personas con discapacidad, recibirán la Canasta Familiar y el Bono Familia ante la emergencia del nuevo coronavirus.
“El bono lanzado es discriminatorio, sólo proporciona a algunos sectores, ¿y el resto? Estamos diciendo que ricos, pobres, todos estamos en esta pandemia; entonces, necesitamos la ayuda todos de parte del gobierno nacional”, cuestionó Choque.
Aseguró que la ayuda gubernamental no tuvo en cuenta a los vendedores ambulantes, productores agrícolas y al sector del comercio minorista.
“Este un gobierno discriminatorio a la hora de tomar decisiones”, enfatizó mientras instaba a la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, a reflexionar sobre esa decisión.
Asimismo, lamentó las últimas declaraciones del ministro de Economía del régimen golpista, José Luis Parada, quien alegó que los costos para enfrentar la pandemia son cubiertos con los recursos supuestamente malgastados por el gobierno de Evo Morales (2006-2019).
“Lamentable su apreciación, sigue haciendo política, en este momento no podemos hacer política, estamos viviendo en una crisis, una pandemia mundial que demanda la unidad de todos y todas para salir adelante”, concluyó.
Por otra parte, el gobierno de facto del país suramericano está en medio de una crisis humanitaria al impedir la entrada de más de 300 connacionales varados en Chile por el cierre de las fronteras desde la semana pasada para evitar la propagación de la Covid-19.
La diputada por el Movimiento Al Socialismo, Sonia Brito, declaró este miércoles que están considerando procesar a Áñez por la violación flagrante de los derechos humanos, una decisión que, a su juicio, deja mal parado al país suramericano a nivel internacional.
“Nos parece absolutamente discriminatoria, racista, inhumana esta decisión que no se la vamos a admitir a la presidenta. Si les pasa algo a la gente que está en la frontera es absoluta responsabilidad de la señora Áñez”, enfatizó Brito.
El anuncio, según expertos, constituye una violación de la Constitución Política del Estado que en los artículos ocho, 10, 16, 22 y 23 establece la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, además de cumplir con los protocolos de salud para el retorno seguro en este tipo de casos.
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