Rocha compareció ante esa fuerza del orden para proporcionar aclaraciones tras ser apartado por 90 días del cargo por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
Según el gobernador, el reducto estaba instalado en un área «sujeta a la administración del comando del Ejército» y él «mantuvo contacto con los comandantes militares para organizar la retirada pacífica de los campamentos».
Detalló que se fijó la fecha del 29 de diciembre para el inicio de la eliminación de los fortines bolsonaristas (seguidores del político ultraconservador ), sin embargo, el plazo fue «sostenido por orden del mando del Ejército».
Insistió en que varias barracas llegaron a ser removidas, sin embargo, policías militares y agentes del DF Legal no lograron terminar el trabajo por «oposición de las autoridades militares».
El portal G1 indica que procuró contacto con el Ejército para buscar respuesta a lo afirmado por Rocha, pero no obtuvo retorno.
También en la jornada, el presidente del Congreso, Rodrigo Pacheco, pidió al fiscal general Augusto Aras la apertura inmediata de un proceso penal contra 38 personas involucradas en las acciones golpistas, además de bloquear los bienes para garantizar el pago de lo devastado.
G1 asegura que la visita de Pacheco tiene un fuerte papel simbólico, pues la institución posee poder para destituir a un fiscal general de la República.
Lo anterior, sin embargo, «no está en el escenario, pero sirve como fuerte elemento de presión para que Aras denuncie inmediatamente a los 38 involucrados».
De acuerdo con el sitio, «la conducta de Aras respecto a los actos antidemocráticos no cohibidos en el período Bolsonaro ha sido cada vez más criticada por los integrantes del Supremo, de la política y del propio Ministerio Público Federal».
Habitualmente, las denuncias parten de la Abogacía General de la Unión, un ministerio del gobierno y no de la Fiscalía, para investigar y sancionar a los extremistas, así como a las autoridades públicas que permitieron los actos.
Grupos radicales de derecha, partidarios de Bolsonaro y que piden una intervención militar y rechazan la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, penetraron violentamente y depredaron el domingo las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Instituciones judiciales comenzaron varias líneas de investigación para encontrar a los autores materiales e intelectuales de la intentona golpista contra la democracia brasileña.
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