Al no recibir las regalías, según analistas del diario La Prensa, el Ejecutivo reafirma la estrategia que proclamó durante estos últimos días, y que refleja el argumento de que la subsidiaria de la trasnacional canadiense Fisrt Quantum no tiene contrato de concesión.
En 2017, la Corte Suprema de Justicia CSJ) declaró inconstitucional la Ley No 9 de 25 de febrero de 1997, por la cual se aprobó el contrato de concesión entre el Estado y la empresa Petaquilla Minerals, base del pacto con esa compañía que extrae cobre a cielo abierto en Donoso, provincia de Colón.
Al respecto el propio Ministerio de Comercio e Industria (MICI), ha sentenciado que con ese fallo de la CSJ, la concesión que opera Minera Panamá quedó anulada y de ahí la redacción de un nuevo texto que la empresa se niega a firmar, a pesar de que aprobó todas sus cláusulas en enero del año pasado.
Se suponía que en 2022, el Gobierno estaría en posición de recibir un ingreso mínimo de 375 millones de dólares al año.
Justo hace casi un año, el 17 de enero de 2022, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, informó al país que las negociaciones con Minera Panamá habían concluido y que desde ese momento correspondía cumplir los procedimientos pertinentes, que incluían la redacción del nuevo contrato, el refrendo y la aprobación de la Asamblea Nacional (parlamento).
Pero al llegar el último mes de 2022, quedó en evidencia que ese plan había fracasado y el mismo Gobierno reveló que Minera Panamá “no accedió a firmar el contrato” previamente acordado.
El 15 de diciembre -rebasado el límite del periodo para cerrar el pacto-, la empresa hizo una nueva propuesta que, entre otras cosas, cambiaba aspectos económicos, como el régimen de regalías acordado en enero de 2022.
En declaraciones recientes a corresponsales de prensa extranjera, el titular del MICI, Federico Alfaro, aclaró que el Gobierno actualmente no está en negociaciones con Minera Panamá, sino en proceso de redacción del contrato y aseveró que existen profundas grietas en ese episodio.
Para Panamá, la minera ha continuado operando el proyecto Cobre Panamá sin un contrato y este estatus irregular no puede continuar indefinidamente.
De ahí que se ordenara un plan de cuido y mantenimiento de la mina, equivalente al cierre de operaciones comerciales de la planta procesadora, medida que fue apelada por la empresa el pasado 10 de enero.
Alfaro dijo además a los corresponsales que el Gobierno evalúa todas las opciones disponibles en caso de que fracasen las negociaciones en curso para que la compañía siga operando, incluida la concesión a otra empresa, sin dar más detalles.
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