Al cumplirse siete años de la detención de la líder de la agrupación Tupac Amaru, integrantes de sindicatos y organismos defensores de los derechos humanos llegaron hasta la plaza Belgrano para demandar al gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, el cese de las agresiones, las irregularidades y violaciones del debido proceso.
Además, alertaron sobre el estado de salud de Sala, quien sufre episodios relacionados con una trombosis venosa profunda.
Los miembros de Tupac, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otras agrupaciones, portaban banderas y carteles con letreros como Libertad para Milagro, Justicia mafiosa y No a la dictadura de Morales.
Por su parte, el Comité por la Libertad de Milagro y otras entidades reiteraron en esta capital la solicitud de un indulto presidencial para la dirigente social.
Quiero sumarme a ese pedido. Cuando no se cumple la ley, se vulneran los derechos humanos y las garantías constitucionales en una provincia, el hecho pasa a ser competencia del Presidente, señaló el secretario de la CTA, Hugo Yasky.
De su lado, el dirigente de ATE Capital, Daniel Catalano, aseveró que «la democracia está en terapia intensiva porque hay un poder judicial que atenta contra ella de manera permanente».
Sala fue detenida en 2016 por supuesta incitación a la violencia al encabezar una protesta en Jujuy contra los cambios impuestos en el programa de cooperativas por Morales.
En la actualidad, se encuentra bajo arresto domiciliario, pero las autoridades de ese territorio piden su traslado a una cárcel común y rechazan los pedidos de sus médicos de llevarla a un centro médico especializado.
Durante los últimos años, múltiples organismos denunciaron la humillación, atropello y ataques sufridos por ella y en diciembre último condenaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ratificar una sentencia a 13 años en prisión por presunta asociación ilícita y defraudación al Estado.
Esta jornada, uno de sus abogados, Luis Paz, aseguró que el indulto es posible y señaló que el fallo de la CSJ es una afrenta a la memoria colectiva, la lucha de los organismos de derechos humanos y la democracia.
Esa condena no sólo es una aberración jurídica, sino una decisión clasista. (…) Mientras tanto, Milagro se deteriora física y psicológicamente, de forma paulatina, sin pausa. La muerte inexorable acecha, alertó.
Además, denunció la detención de los integrantes de Tupac, la existencia de un plan de espionaje ilegal y la persecución política, judicial y mediática por parte de las autoridades provinciales.
El objetivo es diezmar a la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública y condenó los pactos mafiosos del sistema político jujeño con la última dictadura cívico, eclesiástica y militar (1976-1983), indicó.
Milagro nunca conoció de qué se le acusaba. El requerimiento de elevación a juicio no contiene indicación de fechas ni modos de comisión de los delitos que le imputan. La falta de claridad fue continua y no le permitieron incorporar pruebas periciales, documentales ni testimoniales de descargo, añadió.
Asimismo, recordó que solo autorizaron la declaración de seis de 83 testigos y Sala fue excluida del debate oral por más de 60 días.
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