Moro entregó el cargo el viernes después de que el mandatario ultraderechista depusiera sin consultarlo al jefe de la Policía Federal (PF), Maurício Valeixo, su brazo derecho.
Durante su alocución de despedida, el exmagistrado afirmó que le prometieron carta blanca para trabajar, pero » por lo visto no sucedió así».
La exoneración acrecentó la tensión entre Bolsonaro y Moro, quien amenazó con dejar el puesto si despedían a Valeixo, como definitivamente ocurrió.
Con la apertura de las investigaciones, De Mello dio 60 días para que el PF concluya los procedimientos. Moro debe ser escuchado en esta etapa del proceso para presentar pruebas de los cargos que hizo contra el jefe de Estado.
Al rebatir tales impugnaciones, Bolsonaro indicó que Moro condicionó un cambio en el mando de la PF a una nominación para ministro en la corte superior.
En medio de la guerra de versiones, el fiscal general Augusto Aras pidió al STF una investigación sobre las explosivas acusaciones de Moro, quien culpó al gobernante de interferencia política en la PF.
«La magnitud de los episodios denunciados pone de manifiesto la declaración del ministro de Estado de actos que revelarían la práctica de actos ilícitos, atribuyendo su práctica al presidente de la República, lo que, por otra parte, también podría caracterizar el delito de denuncia calumniosa», señaló Aras.
Explicó que la audiencia de Moro se indica como un paso inicial para que presente una declaración detallada en los términos de la declaración, con toda la documentación adecuada, la cual pueda tener sobre los hechos en cuestión.
Una vez abierta la investigación, remarcó, y «en la certeza de la diligencia policial para que no perezcan elementos probatorios, el fiscal general de la República se reserva el derecho de acompañar la acusación y, en su caso, ofrecer la denuncia».
oda/ocs
