En nota de prensa divulgada, el diputado oficialista reveló que recientemente dos tanqueros zarparon de puertos venezolanos a territorio de Estados Unidos, con 500 mil barriles de petróleo.
A juicio del legislador, esto despertó el interés de otras transnacionales de Asia, Europa y de América de querer también invertir en la nación sudamericana.
Consideró que para ello resulta importante eliminar las sanciones de la administración norteamericanas contra el Estado bolivariano que, según las autoridades, suman 928 medidas coercitivas unilaterales, con pérdidas valoradas en 232 mil millones de dólares en los últimos siete años.
La empresa estadounidense Chevron y el Gobierno de Venezuela firmaron el pasado 2 de diciembre en Caracas importantes contratos que dan continuidad a las operaciones y la producción petrolera de esa compañía en el país.
El vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami, señaló entonces que los convenios estuvieron enmarcados en la Constitución de la República Bolivariana y las leyes venezolanas, que rigen la actividad petrolera nacional.
Valoró de paso importante y en la dirección correcta, pero aún insuficiente, la firma de estos contratos, y afirmó que desde Caracas “exigimos el cese y levantamiento inmediato” de todas las medidas coercitivas unilaterales que atentan contra la empresa estatal Petróleos de Venezuela.
Rodríguez informó, además, la ratificación de los directivos y de los miembros de las subcomisiones de la Comisión que preside, y apuntó que, para el actual periodo de sesiones, trabajarán en la Ley Energías Renovables y Alternativas, la de Minerales Críticos y Estratégicos y la de Hidrógeno.
Comentó que la nación sudamericana posee un conjunto de minerales críticos y estratégicos que no los rige ninguna legislación.
Sobre la Ley de Hidrógeno apuntó que generarán un debate para impulsarla, junto a otras disposiciones que preparan para el tránsito de los combustibles fósiles a hidrógeno, en el parque automotor del país, apostilló.
Adelantó que, como parte del proceso de consulta, involucraron a universidades nacionales públicas y privadas, personal del mundo científico del país y al empresariado que está vinculado con los temas en discusión.
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