La senadora María de Lourdes Santiago y el diputado Denis Márquez Lebrón manifestaron que, tras la determinación de iniciar el gobierno de Pedro R. Pierluisi, presidente del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), el proceso de privatización de la generación de electricidad, es un paso final en la entrega a intereses privados de una de las funciones fundamentales del sector público.
Observaron que la votación unánime de la junta de directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) implica que los representantes de los presidentes de Cámara y Senado, controladas por el Partido Popular Democrático (PPD), favorecieron la entrega de lo que quedaba en manos públicas de la AEE.
“Como legisladores del PIP condenamos ese voto, y cuestionamos si representa el parecer de la mayoría de las legisladores en ambos cuerpos”, indicaron Santiago y Márquez Lebrón.
Refirieron que tener acceso a energía eléctrica es un derecho humano del que dependen la salud, la educación, las comunicaciones y el desarrollo económico del país y, como tal, no debe estar sujeto a los intereses del mercado.
Tras la nefasta experiencia con el consorcio canadiense-estadounidense LUMA Energy, los legisladores independentistas advirtieron que el país no puede seguir pagando el precio de la imposición del neoliberalismo rojo y azul, en referencia al PPD y al PNP.
“LUMA Energy ni siquiera existía: es un engendro de la agenda privatizadora de dos partidos políticos, los mismos que llevaron a la AEE a la quiebra y la contaminaron con su incompetencia y politiquería”, dijeron.
Sostuvieron que con el historial de quienes estarán dirigiendo el proceso, no hay razón para pensar que la empresa que asuma la fase de generación resulte menos desastrosa.
Además, a juicio de los legisladores, la privatización aprobada es contraria a la posibilidad de que en el futuro previsible Puerto Rico pueda experimentar la tan necesaria transformación a fuentes energéticas renovables.
“No tengamos la menor duda de que, con la excusa de que el sol y las demás alternativas no satisfacen la demanda, el país continuará atrapado en la dinámica de la disponibilidad de los combustibles fósiles, particularmente del gas natural, que seguirá siendo el presunto combustible de transición”, precisaron Santiago y Márquez Lebrón.
Opinaron que esto se aleja de la verdad, por lo que Puerto Rico estaría condenado a continuar quemando gas —además de petróleo y carbón— por mucho más tiempo, con las consecuencias negativas que ello acarrea.
“Según hemos sido testigos de ese 120 por ciento de incremento en las facturas de electricidad con LUMA, es anticipable que el privatizador de la generación solicitará que le aprueben más y más fondos, porque con lo que le asignaron en principio no podrán operar”, dijeron los portavoces del PIP en la Asamblea Legislativa puertorriqueña.
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