El juez Alexandre de Moraes, del STF, adoptó la disposición tras concluir el examen de la situación de mil 406 personas que permanecían detenidas por supuesta implicación en las invasiones y depredación en las sedes del Congreso Nacional, el Supremo y la Presidencia.
De esa cifra, 464 lograron libertad provisional, aunque deberán cumplir con determinadas medidas cautelares.
Las 942 personas que continuaron arrestadas enfrentan el cambio de detención flagrante a preventiva, la cual no tiene un plazo de liberación.
Según la oficina del magistrado, sobre las personas aún en cárcel, De Moraes considera que cometieron delitos de actos terroristas, asociación delictiva, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, así como amenaza, persecución o incitación al delito.
Acerca de los puestos en libertad, no habría aprensiones de actos de violencia, invasión o depredación de inmuebles.
Sin embargo, deberán cumplir con resoluciones como confinamiento domiciliario nocturno y los fines de semana, el uso de tobilleras electrónicas, así como la suspensión de tenencia de armas.
Asimismo, no podrán salir del territorio nacional ni podrán utilizar las redes sociales para comunicarse con otros sospechosos.
Grupos de extrema derecha partidarios del derrotado mandatario Jair Bolsonaro atacaron el 8 de enero las sedes de los tres poderes en Brasilia, con pedidos de intervención militar y en rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro, quien vacaciona en Estados Unidos, está siendo investigado en el gigante suramericano bajo sospecha de incitar el asalto y saqueo a instituciones democráticas.
El político ultraderechista, quien cuestionó durante su mandato de cuatro años el sistema de votación nacional, enfrenta 16 investigaciones por irregularidades electivas.
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