El impacto de la Covid-19 y el azote de la tormenta tropical Amanda tampoco dejan mucho margen para celebraciones, y en consecuencia Bukele se negó a presentar su informe de labores a la Asamblea Legislativa (Parlamento).
«Nuestro país no está para actos, si no para que trabajemos 24/7 por detener la pandemia», se justificó el mandatario horas antes de que la naturaleza le obligara a posponer también un anunciado mensaje a la nación.
En medio de la tragedia, el jefe de Estado abogó por la unidad, pero le dedicó una nueva ola de insultos a la oposición parlamentaria y arremetió contra la prensa que lo critica, una constante en su mandato.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), un «tanque pensante» asociado a la ultraderecha, hizo un balance de la gestión de Bukele, en el que lamentó sus tendencias antidemocráticas y autoritarias.
Desde el otro extremo, la organización Profesionales por la Transformación de El Salvador (Proes) documenta múltiples evidencias de que el actual gobierno generó retrocesos en institucionalidad, calidad de vida y soberanía nacional.
«El desempeño del gobierno ha sido muy deficiente y el presidente de la República, con su permanente actitud confrontativa y su desprecio a las leyes, ha puesto en riesgo la estabilidad del país», denunció Proes en un comunicado.
Aún así, Bukele cumplió este aniversario con altos índices de aprobación y casi la misma popularidad que lo llevó a proclamarse, poco después de asumir el cargo, como «el presidente más cool del planeta».
Entre sus logros destaca una evidente disminución de los homicidios diarios, ha generado cierta percepción de seguridad, logró extender la protección de los migrantes salvadoreños en Estados Unidos e incentiva la inversión extranjera.
Sin embargo, en menos de 12 meses ya acumula acusaciones de nepotismo, de falta de transparencia, incapacidad técnica y desprecio por las instituciones e incluso la Constitución, la cual ha interpretado a conveniencia.
Varios analistas coinciden al afirmar que este primer año de gestión del ex-alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador se caracterizó por el autoritarismo, la improvisación y el rechazo a todo tipo de crítica.
Organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y «Human Rights Watch» han cuestionado a Bukele por sus atentados contra la libertad de prensa, la sociedad civil y el orden constitucional.
Bukele también ha sido cuestionado este año por la usurpación de funciones, en particular las correspondientes al Legislativo, cuyo punto más peligroso fue la ocupación militar del Parlamento el pasado 9 de febrero.
Aquel domingo, Bukele llegó al Salón Azul del Parlamento rodeado de la Fuerza Armada, la Policía y unidades antimotines, para amenazar con disolver la legislatura tras invocar un artículo que avalaba la insurrección popular.
La oposición política, la sociedad civil y la comunidad internacional denunció lo que fue calificado como un «fallido golpe de Estado», y mostró el rostro menos democrático del mandatario.
A partir de ese momento Bukele incrementó sus ataques contra los diputados, a quienes ha llamado «delincuentes» y ha dicho que desean «la muerte de los salvadoreños», pero también ha desafiado a la corte constitucional.
Esta posición resintió aún más una imagen resquebrajada desde el comienzo de su administración, cuando desmanteló programas sociales como Ciudad Mujer y la Secretaría de Inclusión, para poner a familiares y allegados en puestos claves.
También fue cuestionado por los encierros decretados en las prisiones, así como por sus críticas a las Naciones Unidas, cuya Asamblea General consideró «obsoleta» tras tomarse un «selfie» en el estrado.
Su respuesta inicial a la Covid-19 fue celebrada internacionalmente, pero de ahí en adelante fue cuestionado por la improvisación y falta de protocolos, y por restringir garantías constitucionales y avalar la represión policial.
Esta crisis también afectó el ingreso promedio de los salvadoreños, forzó el cierre de pequeñas y medianas empresas, y sembró la duda sobre el impacto que habría tenido la política económica de Bukele en tiempos normales.
Por lo pronto, Bukele tiene aún cuatro años por delante y su objetivo parece ser arrasar en las elecciones legislativas y municipales de 2021, para tener mayor presencia en la Asamblea y poder gobernar sin tanta objeción.
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