En ese total de cesados aparecen 11 coordinadores regionales de la Secretaría de Salud Indígena (Sesai), dependiente del Ministerio de Salud, y otros 43 jefes sectoriales de la Fundación Nacional del Indio (Funai), entre los cuales figuran los 13 uniformados.
A raíz de la calamidad humanitaria en comunidades originarias, el ministro de Justicia, Flávio Dino, adelantó que la Policía Federal investigará la posible omisión por parte de funcionarios públicos, a todos los niveles, en la contención de esa crisis.
«No tengo ninguna duda, aunque evidentemente no me corresponde juzgar, de que hay fuertes indicios de comisión del crimen de genocidio», afirmó Dino ante la prensa.
Señaló que las muertes por desnutrición y enfermedades curables, el desvío en la compra de medicamentos y vacunas contra la Covid-19, o los escasos o nulos accesos a los sistemas de salud, «conducen a un escenario de posible desmantelamiento intencional».
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó el 2 de enero de genocidio el escenario de los indígenas Yanomami, al constatar la catástrofe sanitaria que enfrenta ese pueblo en el norteño estado de Roraima.
«Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los Yanomami, cometido por un gobierno insensible (en alusión al del exmandatario Jair Bolsonaro) al sufrimiento del pueblo brasileño», escribió Lula en la red social Twitter.
La sociedad brasileña está impactada por las imágenes que circulan en medios periodísticos y plataformas digitales de desnutrición infantil en niños nativos de esa región, en la cual se ubica la mayor reserva aborigen del gigante suramericano.
Ante los hechos, la expresidenta Dilma Rousseff defendió también que Bolsonaro sea castigado por ese exterminio.
«Todos los responsables, incluyendo Bolsonaro, deben ser procesados, juzgado y castigado por genocidio», rasgueó Rousseff en la misma red social.
Denunció que «el genocidio Yanomami tiene pruebas, 570 niños de esta etnia murieron de hambre y de contaminación por mercurio».
Además, prosiguió, «tiene motivación, la codicia de los mineros que invadieron sus tierras. Y tiene autor, Jair Bolsonaro, quien defendió la invasión y negó asistencia médica a los indígenas», remarcó.
De acuerdo con el Ministerio de los Pueblos Indígenas, comandado por Sonia Guajajara, 99 niños del pueblo Yanomami murieron en 2022 a causa de la minería ilegal en la zona.
Estima que al menos 570 niños fallecieron de contaminación por mercurio, desnutrición y hambre en los últimos años.
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