La agrupación conservadora Chile Vamos acusa a la antigua funcionaria de cometer descuidos y violar normas constitucionales en la tramitación de los indultos que el presidente del país, Gabriel Boric, otorgó a varios condenados a finales de 2022.
La medida benefició a 12 acusados por los tribunales de cometer delitos durante el estallido social de octubre de 2019 y a un militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que combatió contra la dictadura de Augusto Pinochet.
El indulto presidencial a personas condenadas por la justicia es un privilegio contenido en la Constitución de Chile y en las últimas décadas fue utilizado con amplitud por los gobernantes.
Incluso, el antiguo mandatario Sebastián Piñera liberó a miles de detenidos invocando razones humanitarias durante la pandemia de Covid-19, incluidos sancionados por delitos de lesa humanidad, lo cual contraviene convenciones internacionales.
No obstante, la derecha arremetió contra los beneficios otorgados por La Moneda y, al no poder tocar la figura presidencial, forzó la renuncia de Ríos y ahora tratan de sancionarla como una forma de desgastar al Ejecutivo.
Defensores de la antigua titular argumentan que el Ministerio de Justicia no tiene que ver directamente con la decisión del mandatario y se limita a realizar los trámites administrativos para dejar en libertad a los indultados.
La acusación constitucional debe ser aprobada por la mayoría de los diputados presentes en la sesión de este miércoles y, de ser adoptada, pasará al Senado, donde la oposición al Gobierno tiene mayoría.
En todo caso, la sanción tendría un carácter más bien simbólico porque ya Marcela Ríos no forma parte del Ejecutivo, pero quedaría un precedente negativo para la administración de Boric.
La víspera, una comisión legislativa se pronunció contra la acusación, lo cual vuelve incierto el futuro del libelo en la cámara baja, que sesionará en su sede oficial en la ciudad de Valparaíso.
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