En el proceso presentado ante un juez federal de Texas, las demarcaciones alegan que la iniciativa que permite la entrada a territorio norteño de hasta 360 mil ciudadanos de esas naciones al año, es presuntamente ilegal.
A principios de enero, Biden anunció medidas para supuestamente aumentar la seguridad en la frontera con México y reducir los cruces ilegales, a partir de normas que ampliarían las vías reglamentarias para un desplazamiento ordenado, al tiempo que agilizarían la expulsión de migrantes.
El Gobierno norteamericano indicó una extensión del proceso del llamado parole humanitario, el cual prevé que al mes hasta 30 mil personas de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití viajen a esta nación por un periodo de dos años y recibir autorización para trabajar si cuentan con patrocinadores estadounidenses que cubran sus necesidades financieras.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó la víspera la demanda contra el Ejecutivo, en la cual dice que ese plan no cumple con los criterios para que sea legal.
El programa “no se aplica caso por caso, no obedece a razones humanitarias urgentes y no aporta ningún beneficio público significativo”, afirma el texto citado por el diario The Texas Tribune.
La coalición alegó que la política amplía ilegalmente el alcance de la autoridad de libertad condicional, la cual “solo puede utilizarse en situaciones extraordinarias”, acotaron los estados.
También insistieron en que los funcionarios deberían haber permitido que el público hiciera comentarios sobre el programa antes de implementarlo, de acuerdo con la cadena CBS News.
La Casa Blanca criticó la demanda y comentó que los funcionarios republicanos buscaban ganar puntos políticos, precisó el canal.
«Bloquearon la reforma migratoria integral y la financiación de la seguridad fronteriza, y ahora tratan de prohibir un programa que redujo drásticamente el número de personas que intentan entrar ilegalmente en el país”, acotó el comunicado.
Según estadísticas divulgadas por CBS News, desde el anuncio de las disposiciones en este mes la media diaria de migrantes detenidos tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México sin permiso legal descendió más de un 40 por ciento.
Texas presentó más de 20 demandas ante tribunales federales contra la actual administración y la oficina de Paxton pudo detener temporalmente algunas de las políticas de inmigración de Biden, recordó el periódico.
A petición de fiscales generales republicanos, el Tribunal Supremo impidió en diciembre pasado que el Gobierno levantara la orden fronteriza conocida como Título 42, que permite desde marzo de 2020 expulsar a los indocumentados sin darles oportunidades de asilo y fue criticada por su aplicación de manera selectiva.
rgh/cgc
