Tendríamos lista para ese día la primera tanda de declaraciones juradas (DDJJ) pertenecientes a unas 50 mil autoridades, desde el año 1998 hasta el 2017, señaló el Contralor General de la República, Camilo Benítez.
Mencionó que más de 150 mil DDJJ se escanean están siendo en este momento para ser subidas a la página web de la institución, en cumplimiento del fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Benítez refirió que el criterio definido es poner a disposición primero los documentos de aquellos con altos cargos.
Refirió que esta semana venidera se subirán los expedientes de los expresidentes, representantes del Congreso Nacional, del Poder Judicial y organismos extrapoder como la Fiscalía, la Defensoría y la Contraloría, desde el año 1998 al 2017.
“El criterio es publicar el 100 por ciento de un grupo, es decir, todo el Poder Ejecutivo, todo el Poder Legislativo y el Poder Judicial”, precisó.
Dijo Benítez que son unos 30 funcionarios los que están a cargo de la tarea, por lo que esta disposición se traduce en una labor titánica para ser cumplida en el plazo de 60 días establecido en la sentencia.
De acuerdo con la nueva disposición, deben presentar sus declaraciones juradas de de bienes y rentas todas las personas que acceden a un cargo público, ya sea por nombramiento o contrato.
Actualmente también deben hacerlo los proveedores del Estado que no son funcionarios públicos, es decir sus directivos y accionistas.
La Cámara de Senadores aceptó el jueves el veto que dio el presidente Mario Abdo Benítez, al proyecto de ley que permitía el falseamiento de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, cuyas modificaciones de concibieron en la Cámara Baja.
El Ejecutivo fundamentó que el texto quedó sin esencia al no contemplar ninguna pena para los infractores, y despenalizaba el falseamiento de las declaraciones juradas de bienes, rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos.
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la divulgación de las DDJJ de todo empleado público es un hito en la lucha por la transparencia y el acceso a la información pública.
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