El secretario de Seguridad Diego Ordóñez anunció este jueves en rueda de prensa desde el Palacio de Carondelet -sede el Gobierno- que también decidieron que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas garanticen el trabajo de las concesiones mineras legales.
Agregó que la actividad minera ilícita tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente, influye en la precarización laboral y tiene vínculos directos con otros delitos como el lavado de activos, el narcotráfico y el tráfico de armas.
Sin embargo, resaltó, que las concesiones mineras legalmente establecidas aportan al crecimiento de la economía y, por tanto, deben recibir la protección del Estado.
En respuesta al anuncio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) de que los pueblos originarios impedirán que las fuerzas de seguridad entren en sus territorios, Ordóñez enfatizó que el Estado tiene la obligación de garantizar el orden y la paz en todo el país.
No existe posibilidad de que la guardia indígena pretenda reemplazar el rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que tienen por definición el uso legítimo de la fuerza, aseveró el funcionario.
Asimismo, adelantó que en los próximos días el presidente Guillermo Lasso firmará un decreto en el que precisará las estrategias para combatir la minería ilegal.
Esta semana habitantes de la parroquia La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, se posicionaron contra la militarización del territorio por parte de las fuerzas del orden.
Los residentes en esa comunidad rechazan las invasiones de la empresa minera australiana Hanrine Ecuadorian Exploration Andmining S.A.
Al respecto, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, expresó su desacuerdo con el plan del Gobierno de poner la fuerza pública al servicio de las mineras y colocar en grave peligro a la población.
La bancada legislativa del Partido Pachakutik denunció el “mal uso” de los recursos públicos, porque mientras la delincuencia y los corruptos se apoderan de las calles e instituciones del Estado, la Policía y las Fuerzas Armadas protegen a una empresa minera transnacional depredadora.
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