En esa fecha y bajo pedidos de intervención militar, grupos de extremistas adeptos del derrotado mandatario Jair Bolsonaro invadieron y depredaron las sedes del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF) y la Presidencia.
La previsión inicial era que el documento sería entregado la víspera, pero, según asesores de Cappelli, la data fue revisada.
De acuerdo con el interventor, el objetivo es averiguar más sobre las embestidas violentas ocurridas en la sede del STF. Imágenes publicadas el miércoles muestran, con más detalle, el saqueo cometido en el lugar.
El pliego a ser entregado a De Moraes, ponente de las investigaciones por las acciones golpistas en el Supremo, debe traer informes de las fuerzas de seguridad sobre el caso, además de conclusiones que pueden ayudar.
Durante el anuncio el miércoles del nombre de Sandro Avelar como nuevo secretario de Seguridad Pública del DF, Cappelli comentó sobre el contenido y señaló que la finalización del texto exige cautela.
«Es el exceso de celo, porque es un informe en el que estamos tratando de responder algunas preguntas, a partir del levantamiento de una serie de documentos que la gente debe a la sociedad y a la historia de Brasil», apuntó.
Por lo tanto, reiteró, «es el celo por el cuidado con la información, para poder llevarla más precisa a la sociedad. Resulta una responsabilidad nuestra con la sociedad y con la historia», reiteró.
Uno de los puntos que forma parte del documento, anticipado por la televisora GloboNews, es el aumento en el número de personas en el campamento golpista frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, días antes de los ataques.
Según el blog de la periodista Andréia Sadi, el 6 de enero alrededor de 300 personas estaban en el albergue. Un jornada después el dígito saltó a tres mil 800.
El portal G1 asegura que el movimiento golpista en Brasilia fue engrosado por decenas de autobuses que llegaron a la capital el fin de semana anterior al ataque.
La Policía Militar del DF mantenía pocos hombres en el lugar, no consiguió frenar a los terroristas y fue acusada de omisión.
Obras de arte y muebles quedaron rotos en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, y el plenario del STF fue destruido.
Horas después de los hechos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretó una intervención federal para asumir la seguridad del DF.
De Moraes determinó el alejamiento del gobernador de DF, Ibaneis Rocha, por 90 días, decisión confirmada después por el plenario de la corte superior.
Hasta la fecha, unas mil personas seguían presas por supuesta participación en los crímenes.
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