El tema no es nuevo, algo similar sucedió en 2019, pero ahora llama la atención por lo anticipado del primer caso con el rechazo del Registro de Ciudadanos al binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
Según la resolución del sábado pasado, al aspirante a vicepresidente Jordán Rodas le aparecen cargos jurídicos y denuncias y por tanto su finiquito (Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos) no tendría validez.
En conferencia de prensa la víspera, Cabrera consideró un error esta decisión, aunque manifestó la esperanza de que los magistrados lo resuelvan porque si no lo hacen, «se estaría demostrando anticipadamente al pueblo el fraude electoral», afirmó.
Al intervenir, de modo virtual, Rodas aseguró que la indignación está creciendo más porque «nos están limitando el derecho a participar».
A juicio de ambos aspirantes, el motivo es político, ya que no hay razón legal o jurídica para hacerlo, insistieron durante el encuentro con los medios de comunicación.
La líder del MLP confirmó que este lunes presentarán un recurso de nulidad contra la resolución del Registro de Ciudadanos, una posición respaldada por el secretario general de la organización, Cirilo Pérez.
«Confiamos en la capacidad de los magistrados y que este problema se pueda corregir», expresó Pérez, quien pidió a los magistrados actuar conforme a la ley.
Medios como La Hora.gt recordaron que justo después de la proclamación del binomio (28 de diciembre), el ahora jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, José Córdova, denunció a su antecesor por supuestas anomalías en el cobro de la indemnización al terminar en el cargo.
Rodas fue una voz incómoda durante el gobierno de Alejandro Giammattei y recientemente jugó un papel clave en la lucha por la autonomía de la universidad San Carlos y en contra del fraude electoral que llevó a Walter Mazariegos a rector de la única casa pública del país.
La polémica sube de tono porque, contradictoriamente, el TSE no expresó ninguna objeción para registrar a la fórmula presidencial de Zury Ríos y Héctor Cifuentes, de los partidos Valor y Unionistas en coalición.
En el caso de Ríos, esta es la tercera vez que busca llegar a la presidencia; en 2015 quedó en quinto lugar y en 2019 se le prohibió su participación por un impedimento constitucional con base al artículo 186, por ser hija de alguien que llegó al poder a través de un golpe de Estado (Efraín Ríos Montt).
Sin embargo, cuando se esperaba que su caso encendiera el debate y generara las primeras impugnaciones, no sucedió así, alertaron abogados.
Otra figura que llamó la atención fue el candidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza, Estuardo Guerra, a quien se le vincula a una iglesia cristiana y según el artículo 186 de la Constitución no podría optar al cargo (impedimento por ser ministro de cualquier religión o cultor).
En cuanto al finiquito, expertos recordaron que no es requisito constitucional para participar en cargos de elección; no obstante, en 2019 fue el pretexto para desmontar a candidatos considerados potencialmente peligrosos por sus posibilidades de triunfo como la exfiscal general Thelma Aldana (Movimiento Semilla).
Para el emprendedor y escritor guatemalteco Marcos Antil, «inscribir a quien la Constitución estrictamente prohíbe e impedir que otros participen por cualquier excusa deja claro que el TSE se rige por el interés de una política perversa y obsoleta».
Estamos cansados de lo mismo, puntualizó en sus redes sociales.
El MLP se encuentra ante una encrucijada, tiene tiempo todavía para proclamar otro binomio (sustituir a Jordán) o pelear jurídicamente su inscripción con un alto riesgo de quedar fuera de las elecciones presidenciales, explicó el aspirante a alcalde capitalino, Juan Francisco Solórzano.
«Lo del TSE es un ataque a la democracia», publicó el abogado.
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