Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal en Brasil
El despiadado lenguaje de tales imágenes provocó una reflexión crítica de la sociedad y, a través de la medida gubernamental, se creó el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud Pública.
A partir de su publicación en el Diario Oficial, el poder público quedó autorizado a desplazar recursos humanos e insumos para actuar en el caso.
Para más leña al fuego, el Consejo de Salud Yanomami registró el 28 de enero seis muertes más en la reserva indígena ubicada en el norteño estado de Roraima, y en Boa Vista, su capital.
Una de las víctimas resulta la nativa Rodênia Yanomami, de 33 años, quien permanecía internada en cuidados intensivos del hospital local con un cuadro grave de desnutrición.
El portal G1, que tuvo acceso a la declaración de defunción de la madre, indica que tuvo acidosis metabólica refractaria y colitis pseudomembranosa. Esto ocurre cuando el paciente sufre de una intensa deshidratación, carencia de nutrientes e inflamación intestinal que puede ser causada por verminosis.
El marido de la fallecida también está enfermo, pero acompaña a la párvula hija, quien está ingresada en la clínica infantil de Roraima con otro cuadro grave de desnutrición. En total, 47 menores de la etnia siguen internados.
La junta confirmó el deceso de otros cinco Yanomami dentro de las comunidades próximas al Polo Base de Surucucu, dentro de la reserva aborigen. Entre ellos, un niño de nueve años y un líder de una aldea.
Bajo este dantesco escenario, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitó Roraima hace más de una semana.
«Si alguien me contaba que en estas tierras se trataba en forma inhumana a este pueblo Yanomami como he visto, no lo hubiera creído», manifestó Lula a periodistas luego de recorrer aldeas originarias y dialogar con sus líderes.
Aseguró que su gobierno «toma muy en serio la propuesta de eliminar la actividad minera ilegal en los ríos amazónicos» que contaminan las aguas con el uso de mercurio, lo cual causa enfermedades en la población, además de matar a los peces que consumen los Yanomami.
«Vamos a montar centros de salud en las aldeas, queremos mostrar que el Sistema Único de Salud es capaz de hacer un trabajo de honor como lo hizo para enfrentar la pandemia de la Covid-19», aseguró el fundador del Partido de los Trabajadores.
Lula denunció que el derrotado mandatario Jair Bolsonaro (2018-2022) abandonó a la población Yanomami.
CADENA MALDITA
El jurista Marcelo Chalréo, presidente de la Comisión de Derechos Sociales de la Orden de los Abogados de Brasil en Río de Janeiro, declaró en entrevista exclusiva concedida a Prensa Latina que las impresionantes fotos divulgadas revelan un cuadro terrible de desnutrición aguda y enfermedades varias en cientos de Yanomami.
Apuntó que los aborígenes están siendo trasladados de su tierra patrimonial para Boa Vista «para literalmente no morir de una cosa u otra».
Recalcó que una fuerza de tarea del Ministerio de Salud, que reúne a otros organismos públicos, actúa para evitar el fallecimiento de más personas originarias.
Según datos oficiales divulgados hasta el momento, pero que pueden estar subnotificados, más de 500 indígenas perdieron la vida en cerca de cuatro años, precisó el también defensor de los derechos humanos.
«Esto se deriva de limitaciones constitucionales (enmienda constitucional del techo de gastos) a desembolsos en el área de salud pública y la desestructuración de los organismos públicos responsables de la política de los pueblos indígenas, tales como Funai (Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas) y Sesai (Secretaría Especial de Salud Indígena)», denunció el reputado abogado.
De igual manera, agregó, por el brutal incremento de la ilegal extracción de oro en el territorio Yanomami por miles de mineros, estimulados por una política irresponsable del gobierno de Bolsonaro durante su mandato, a pesar de las vedas legales existentes.
«Sin poseer una mina de oro ni siquiera en funcionamiento legal, Roraima se convirtió en estos últimos años en uno de los mayores productores del metal preciso del país, exportado mediante un «calentamiento» de su origen, con el uso de empresas en regla para maquillar la ilegalidad», explicó Chalréo a Prensa Latina. Insistió en que ciertamente son muchos los involucrados en esa práctica, hombres que se adentran en la selva detrás del metal, pasando por comerciantes de varios tipos, agentes de gobiernos, financistas y otros que están al frente de empresas, con sede en grandes ciudades brasileñas y otros países.
«Una cadena genocida que necesita ser desvelada, con castigo ejemplar para todos los involucrados, sin olvidar todas las medidas reparadoras debidas a ese pueblo originario que necesita tener su territorio, su dignidad y su vida efectivamente protegida por el Estado brasileño», remarcó.
Aún conmocionado, Lula escribió en la red social Twitter después de su visita a los poblados oriundos: «más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio: un crimen premeditado contra los Yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento», en alusión al de Bolsonaro.
El Gobierno anunció que envía paquetes de alimentos a la reserva donde viven unos 26 mil Yanomami, en una región de selva y sabana tropicales, en las cuales, además de la minería ilegal, hay señales de que el crimen organizado está implicado.
GENOCIDA BOLSONARO
A raíz de las espeluznantes fotografías de los menores nativos desnutridos salió también a la luz pública que Bolsonaro propuso hace 30 años, cuando era diputado federal, el fin de la Tierra Indígena Yanomami.
La propuesta del entonces parlamentario ocurrió en noviembre de 1993 y en el contenido preveía acabar con la demarcación.
Actualmente, esa reserva sigue siendo blanco de la minería ilegal, que creció de manera incontrolable con Bolsonaro en el poder.
De acuerdo con el entonces ofrecimiento del exmilitar, el territorio nativo entorpecía la Constitución por «crear distinciones entre brasileños» e impedir la explotación de recursos naturales existentes en la zona.
Entre sus tesis, el exparacaidista afirmó que la jurisdicción dejaba la frontera de Roraima con Venezuela «comprometida cara a su entrega a los indios».
Ahora por los nuevos hechos, la Policía Federal anunció la apertura de una investigación para esclarecer si hubo genocidio y omisión de asistencia al pueblo Yanomami por el anterior Ejecutivo.
La pesquisa comenzará tras un pedido del ministro de Justicia, Flavio Dino, quien integró la comitiva que visitó la región indígena.
Otras dos denuncias están en valoración preliminar en el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, Países Bajos.
En ellas, la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil y la Comisión Arns alegan que el exgobernante cometió crímenes de genocidio durante la pandemia de Covid-19 y también respecto a los indígenas en sus cuatro años de gestión.
Durante su presidencia, Bolsonaro hizo alusión varias veces a la minería en tierras originarias y su gobierno propuso, incluso, un proyecto de ley que posibilitaría la práctica dentro de la ley.
Por ejemplo, aseveró en marzo de 2022 que «el indio quiere internet, quiere explotar legalmente su tierra, no solo para la agricultura, sino también para la minería».
Citada por el portal G1, la profesora Eloísa Machado, de Derecho Constitucional en la Fundación Getulio Vargas, en Sao Paulo, y una de las abogadas que actúan en la denuncia contra el exmilitar en el TPI, testificó que el Gobierno de Bolsonaro adoptó una política antiindígena que mostró intención de destruir a esos pueblos.
«Según el estatuto de Roma, el genocidio se entiende como cualquier acto realizado con la intención de destruir en todo o en parte a un determinado grupo, como por ejemplo, un determinado pueblo indígena», señaló Machado.
Detalló que «los tipos de conductas que pueden caracterizarse como genocidio incluyen ofensas graves a la integridad física y mental, y también sujeción intencional a condiciones de vida que pueden destruir a un determinado pueblo».
La docente certificó que en los cuatro años de administración de Bolsonaro afloró esa política antiindígena y ¿cómo puede el expresidente ser juzgado, castigado y responsabilizado por ello?
«Quien necesita ser convencido de que de hecho hay crímenes en curso u ocurridos, y necesitan ser investigados, es la fiscalía que funciona en el Tribunal Penal Internacional, muy similar a la figura que tenemos aquí del Ministerio Público», apuntó.
Enumeró que, de cinco a 10 años, resulta un plazo en el cual esa fiscalía se manifiesta sobre la efectiva apertura o no de una investigación y recordó que las primeras denuncias datan de 2019.
«Una vez abierta la investigación, ese fiscal reúne elementos, hace una propia más allá de lo que las organizaciones mandaron (a La Haya), y luego decide presentar una denuncia formal al tribunal, para indicar el tipo de crimen posiblemente cometido», reiteró.
En tal sentido, mencionó «crímenes contra la humanidad en la modalidad exterminio y persecución o genocidio, como ha sido defendido por articulaciones de los pueblos indígenas de Brasil».
Para la etnia Yanomami, la justicia, junto a la salud, es ahora una de las necesidades de su pueblo.
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