Carvalho anunció la medida en una conferencia de prensa en esta capital y señaló que en la primera valoración se observó un uso exacerbado de la autoridad para declarar privados determinados asuntos.
Entre los procesos que se analizarán, figuran los relacionados con la tarjeta de vacunas de Bolsonaro, el gasto público con las caravanas de motos realizadas por el exmilitar y la información sobre visitas de los hijos del político ultraderechista al Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Según el ministro, los procesos son de las siguientes áreas: seguridad nacional (111), protección del presidente y familiares (35), información personal (49), actividades de inteligencia (16) y otros (23).
Aún en la campaña electoral de 2022, el entonces candidato y actualmente presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometió que, si era elegido, haría la revisión de los secretos impuestos por Bolsonaro.
Luego de tomar posesión, el 1 de enero, Lula firmó un acto determinando que la CGU hiciera la revisión de los procesos estimados confidenciales.
Por norma, están protegidas por un período de hasta 100 años todas las informaciones caracterizadas como personales, relativas, por ejemplo, a la intimidad, vida privada, honor e imagen de un ciudadano.
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