El juicio se realizaría este jueves, sin embargo, la defensa solicitó el aplazamiento, acatado por Gonçalves.
Al comienzo de la sesión, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, anunció la suspensión hasta el 14 de febrero.
En la agenda constaba el referendo de decisión de Gonçalves, en la Acción de Investigación Judicial Electoral enjuiciada por el Partido Democrático Laborista contra Bolsonaro, candidato a la reelección en las justas comiciales de octubre.
Firmado el martes, el corregidor negó en su laudo la solicitud de la defensa para retirar los autos del acta de decreto del Estado de Defensa, decomisada por la Policía Federal (PF) en la residencia de Anderson Torres, exministro de Justicia y Seguridad Pública, durante diligencia ordenada por el Supremo Tribunal Federal.
En enero, la PF halló en el domicilio de Torres un decreto para revertir el resultado del sufragio que ganó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Tal documento fue encontrado en un armario de la vivienda del exministro, quien ocupó el cargo bajo el mandato de Bolsonaro.
La televisora GloboNews descubrió que el contenido encontrado por la PF cita el restablecimiento inmediato de corrección de la elección de 2022.
Según un experto escuchado por el portal G1, el propósito del decreto «sería interferir en el Tribunal Superior Electoral para Bolsonaro autodeclararse ganador de las elecciones».
Renato Ribeiro de Almeida, coordinador de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político, afirmó además que la disposición, si se publicaba, sería «totalmente inconstitucional».
«Es un golpe. No existe una previsión legal para ello. No existe en el Estado Democrático de Derecho. Es un acto preparatorio de delito. Si se puso en práctica, conduciría a la detención de Anderson Torres y el propio Jair Bolsonaro», remarcó.
En el registro, autorizado por De Moraes, tras ordenar la detención del exministro, la policía también decomisó un arma, su libreta, así como una memoria USB.
Torres era el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal el 8 de enero, cuando adeptos radicales de Bolsonaro atacaron los edificios de los tres poderes en Brasilia.
Grupos de extremistas de derecha penetraron violentamente y depredaron las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
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