La cancelación del contrato con el consorcio canadiense-estadounidense Luma Energy, impuesto hace dos meses por la administración del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), costaría al país cinco millones de dólares mensuales durante el primer año, además de reembolsar los gastos que al momento rondan 14 millones por mes.
“Cuesta menos al pueblo puertorriqueño cancelar el contrato que terminar pagando 540 millones de dólares o más durante los próximos cuatro años”, manifestó Delgado Altieri, del Partido Popular Democrático (PPD), principal de oposición.
El coste del contrato por 16 años, que cede a Luma Energy la administración de los fondos federales para la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico sin tener que invertir un solo centavo, alcanza los dos mil millones de dólares.
“Entendemos que hay elementos legales y procesales para declarar la nulidad del contrato sin penalidad para el gobierno de Puerto Rico”, manifestó Delgado Altieri, que tiene como principal contendiente al exdelegado boricua ante el Congreso federal Pedro Pierluisi, del oficialista PNP.
Acompañado de los integrantes de un comité que analizó el contrato, Delgado Altieri expresó ante el edificio central de la AEE, en el sector capitalino de Santurce, que la privatización deja desprovistos de sus salarios a seis mil empleados la corporación pública y de sus pensiones a 11 mil jubilados.
Las elecciones generales de esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Estados Unidos, están previstas para el 3 de noviembre próximo, en las que terciarán, además del PNP y el PPD, el Partido Independentista Puertorriqueño, el liberal Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, conservador.
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