La decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) resultó unánime y puede conducir a la inelegibilidad de los políticos.
Apreciada inconstitucional por expertos, el acta fue encontrada en enero por la Policía Federal (PF) en la residencia de Anderson Torres, exministro de Justicia y Seguridad Pública, durante diligencia ordenada por el Supremo Tribunal Federal (STF).
En el registro, autorizado por el juez del Supremo Alexandre de Moraes tras ordenar la detención de Torres, la policía también decomisó un arma, una libreta y una memoria USB.
Torres era el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal el 8 de enero último, cuando adeptos radicales de Bolsonaro atacaron los edificios de los tres poderes en Brasilia.
Grupos de extremistas de derecha penetraron violentamente y depredaron las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Con el decreto descubierto en casa de Torres se pretendía revertir el resultado del sufragio de octubre pasado, que ganó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Según un especialista escuchado por el portal G1, el propósito de la orden «sería interferir en el Tribunal Superior Electoral para Bolsonaro autodeclararse ganador de las elecciones».
Renato Ribeiro de Almeida, coordinador de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político, afirmó además que la disposición, si se publicaba, sería «totalmente inconstitucional».
«Es un golpe. No existe una previsión legal para ello. No existe en el Estado Democrático de Derecho. Es un acto preparatorio de delito. Si se puso en práctica, conduciría a la detención de Anderson Torres y el propio Jair Bolsonaro», remarcó.
A petición del Partido Democrático Trabalhista, este hecho fue incluido en la investigación que se ejecuta en el TSE contra Bolsonaro.
En esa acción, el exmilitar es acusado de abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación durante la reunión con los embajadores en julio, cuando hizo ataques sin pruebas contra el sistema electoral.
La defensa de Bolsonaro pidió que el acta no aparezca en la pesquisa, pues el documento es apócrifo y aludió en que el material no fue encontrado con el exgobernante.
El corregidor general de elecciones, ministro Benedito Gonçalves, denegó la semana pasada la solicitud de la defensa y ahora el pleno del TSE se refirió al fallo.
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