Autorizado desde 2004, este compuesto químico se vino utilizando desde entonces como herbicida para el cultivo del maíz principalmente, así como para el del girasol, la soja y la remolacha, si bien las últimas investigaciones de Anses apuntaron a conclusiones peligrosas.
En concreto se presentó una evaluación del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por el pesticida herbicida, con unos resultados que indicaban «concentraciones estimadas superiores al límite de calidad fijado por la legislación europea».
Tras su pulverización, la molécula de S-metolacloro se degrada convirtiéndose en un metabolito que migra y se hace persistente en el medio ambiente, según señaló Anses.
Las investigaciones de estos metabolitos durante los últimos diez años apuntaron en esa dirección, y en 2019 casi un tercio de las muestras analizadas identificaron un residuo de plaguicida en el agua potable, con umbrales de toxicidad que se superan cada vez con más frecuencia, de acuerdo al informe.
Por todo ello Anses consideró que las limitaciones y controles existentes sobre el pesticida no condujeron a los resultados satisfactorios previstos, por lo que confía en que la retirada del mercado del pesticida servirá para “reducir la contaminación del medio ambiente por esta sustancia y restablecer progresivamente la calidad de las aguas subterráneas».
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