Al dar lectura a las resoluciones emitidas este miércoles por los jueces de distritos penales de audiencias de esta capital, el magistrado señaló que a los acusados se les impuso las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos.
Tampoco podrán practicar la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, además de perder sus derechos ciudadanos de forma perpetua respectivamente.
El texto agrega que a los 94 procesados se les declara prófugos de la justicia, y se ordenó la inmovilización y el decomiso de todos los bienes inmuebles y sociedades inscrita a su favor, ya sea a título personal o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios.
Asimismo, se publicó el listado con los nombres de los 94 nicaragüenses sancionados.
De acuerdo con la información divulgada, todo lo anterior se realiza de conformidad con la Ley 1055 de Defensa a los Derechos del Pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación, y a la normativa especial 1145 que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense.
La semana pasada, el Ejecutivo sandinista también le retiró la nacionalidad a 222 personas declaras traidoras a la patria, quienes estaban involucradas en las acciones golpistas del 2018, y fueron deportados hacia Estados Unidos.
También perdió su nacionalidad el obispo Rolando José Álvarez, quien además fue condenado a 26 años y cuatro meses en prisión por los delitos de incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica en este país centroamericano.
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