De acuerdo con un reporte de la policía ecuatoriana, los menores fueron aprehendidos entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, por presuntas actividades ilícitas. El informe asegura que los adolescentes en el país andino son usados por bandas delictivas.
La nota, publicada en el portal digital del canal Teleamazonas, refiere que en Ecuador existen 368 adolescentes que desde los 13 años cumplen una medidas socio-educativas por diferentes causas.
De ellos -detalla la investigación- 175 se encuentran aislados en centros de internamiento administrados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai). Mientras los otros 193 cumplen medidas sustitutivas como aislamiento en casa, obligatoriedad de recibir clases y charlas.
El informe policial detalla que, sin embargo, la ley vigente no permite que sean judicializados, a pesar de que varios han estado involucrados en muertes violentas, actos terroristas, robos, entre otros delitos.
Según el artículo 326 del Código de Niñez y Adolescencia, los niños no pueden ser detenidos por la Policía. En casos que puedan ser considerados de flagrancia, los uniformados deben entregarlos a sus representantes legales, y de no tenerlos, a una entidad de atención.
Por otro lado, el artículo 305 establece que los adolescentes son penalmente inimputables por lo que no pueden ser juzgados por jueces penales ordinarios y que las sanciones no pueden ser la prevista en el Código Penal (para adultos). En cambio, si cometen infracciones tipificadas como penales deberán ser sancionados con medidas socio-educativas por su responsabilidad.
La Asamblea Nacional aprobó a inicios de enero la Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral que, entre otras cosas, endurece las penas para las llamadas ‘vacunas’, plantea una reestructuración al sistema penitenciario y aborda temas tanto de seguridad ciudadana como de defensa nacional.
Por otro lado, Juan Zapata, ministro del Interior, refirió que en las reformas a la ley buscarán que los menores de edad que están inmersos en temas de sicariato y crimen organizado no tengan el mismo tratamiento de un menor de edad que no tiene que ver con este tipo de delitos.
No obstante, varios expertos en este país sudamericano aseguran que la causa de estos sucesos es la falta de políticas públicas integrales y el abandono estatal.
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