Según un reporte de la Procuraduría Suprema Popular, un grupo de 114 mil individuos recibieron sentencias por ofrecer asistencia técnica a los malhechores, mientras otros 68 mil fueron penalizados tras hallarlos culpables de colaborar en la transferencia de dinero robado.
Las autoridades también arrestaron y abrieron procesos contra 16 mil 110 ciudadanos que se dedicaron específicamente a engañar a ancianos.
Todos esos casos se resolvieron en el contexto de una campaña nacional, que involucró a varios departamentos gubernamentales para erradicar los fraudes en internet y otros ciberdelitos.
La justicia igualmente trabajó junto a los reguladores para detectar y corregir los vacíos legales en la protección de datos privados, así como neutralizar la promoción falsa de alimentos, productos de salud y servicios de seguro.
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