Robles Berlanga, extitular de dos secretarías de Peña Nieto, guardó prisión durante tres años por pruebas irrefutables de su participación en la denominada Estafa Maestra de más de 400 millones de dólares que involucró a varias organizaciones oficiales y 11 universidades, pero la única juzgada hasta ahora es ella.
El pasado viernes un juez retiró dos cargos de ejercicio indebido del servicio público a pesar de que para la FGR el desvío de recursos cometido por ella entre 2012 y 2018 constituye “uno de los casos más escandalosos de corrupción y de daño patrimonial para el país”.
Hasta este momento, existen 24 casos penales federales en los que están involucradas más de 50 personas, en averiguaciones previas y carpetas de investigación, todas ellas de carácter penal, que han sido judicializadas en su momento, explicó la entidad.
La institución que encabeza Alejandro Gertz Manero emitió un nuevo posicionamiento en torno al caso conocido como Estafa Maestra, luego de su exoneración.
Robles fue detenida en agosto de 2019, pasó tres años recluida en el penal de Santa Martha Acatitla y en agosto del año pasado obtuvo el beneficio para enfrentar su proceso en libertad.
La FGR indicó que la afectación al patrimonio nacional ha quedado evidenciada en todos esos juicios, principalmente en el caso de Rosario Robles, a quien se imputó el delito de ejercicio indebido de servicio público, pues supo de los delitos y existen pruebas abundantes al respecto.
La procesada no avisó por escrito a su superior jerárquico, ni impidió ni evitó ese saqueo, estando dentro de sus obligaciones hacerlo, lo cual generó un enorme daño patrimonial de recursos que deberían de haber ido a los sectores más necesitados del país.
Aseguró la fiscalía que todas las pruebas acumuladas en este juicio señalan, con absoluta claridad, la responsabilidad penal correspondiente, y el hecho de que el juez penal Roberto Omar Paredes Gorostieta haya sobreseído en forma total y con efectos de sentencia absolutoria.
Es un acto de injusticia inaudito que, por carecer de fundamento, obliga a esta institución a iniciar un procedimiento penal inmediato, afirma la FGR, al tiempo de denunciar que es una violación flagrante a todos los expedientes penales que señalan las responsabilidades correspondientes.
Todo lo anterior, precisó la Fiscalía, formará parte de las objeciones que se incorporarán a la apelación correspondiente.
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