Teniendo como base tal entendimiento, el ministro Alexandre de Moraes, del STF, autorizó a la Policía Federal (PF) a abrir una investigación «para determinar la autoría y materialidad de eventuales crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y policías militares relacionados con los atentados contra la democracia».
El magistrado también fijó como idoneidad del Supremo enjuiciar a miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en la invasión y depredación del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva adeptos radicales del derrotado mandatario Jair Bolsonaro irrumpieron violentamente y saquearon en esa fecha las sedes de esos tres poderes en Brasilia.
La PF indicó que hubo participación y omisión de militares del Ejército para la práctica de crímenes contra el Estado Democrático de Derecho.
Según De Moraes, la competencia para juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas no es de la Justicia Militar, pues los crímenes cometidos no están previstos en el Código Penal Militar.
«El Código Penal militar no protege a la persona del militar, sino la dignidad de la propia institución de las Fuerzas Armadas, conforme a lo decidido pacíficamente por esta Corte Suprema al definir que la Justicia Militar no juzga crímenes de militares, sino crímenes militares», acentúo en la decisión.
Para el juez, los involucrados deben responder por los crímenes de actos terroristas, incluso preparatorios, incitación al crimen, asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, amenaza, persecución, daño e incendio mayor.
A 835 ascendió el 14 de febrero la cifra de implicados en los ataques golpistas, tras la Fiscalía denunciar en la ocasión a otras 139 personas.
De esa cantidad última, según el comunicado de la entidad, 137 personas fueron arrestadas in fraganti dentro del Planalto, y otras dos detenidas en la plaza de los Tres Poderes con petardos, cuchillos, cartuchos de gas lacrimógeno y material para producir explosivos caseros de tipo cóctel Molotov.
Por su parte, del total general, 645 personas son consideradas incitadoras, es decir, participaron en el acto o estaban acampadas frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, pero no depredaron los edificios públicos.
Otras 189 son consideradas ejecutoras: practicaron invasión de edificios, vandalismo y depredación.
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