Los manifestantes declararon este miércoles “jornada nacional de disrupción”, horas antes de una votación del Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knesset (Parlamento) sobre el polémico plan.
Uno de los organizadores de la protesta dejó entrever más medidas contra el Ejecutivo al señalar al portal noticioso Arutz Sheva, que esos cortes son “solo algunos de los eventos que podemos divulgar públicamente”.
Tras los bloqueos, marcharán hacia la residencia oficial del primer ministro Benjamin Netanyahu.
Durante la última hora, ocurrieron interrupciones intencionales, reconoció en un comunicado Ferrocarriles de Israel.
La primera protesta comenzó a las 08:00, hora local, cuando numerosos padres y estudiantes se concentraron frente a docenas de instituciones educativas en todo el país.
Luego se desarrolló otra frente al Museo del Estado de Israel, en esta capital. Entre los oradores de esta última concentración estuvieron Dan Halutz, exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y Yuval Diskin, exdirector del Servicio de Seguridad General (Shin Bet).
En la tarde, el personal de la salud, incluido médicos, enfermeras, académicos y funcionarios del sector, paralizarán sus labores.
“Todos los signos esenciales dan fe de que la situación del país se está deteriorando y que la salud pública se verá perjudicada en breve por el golpe de Estado”, denunciaron los organizadores de la protesta médica.
La reforma presentada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, restringiría la capacidad de la corte para rechazar leyes debido a la llamada cláusula de anulación, que permitiría al hemiciclo volver a legislar normativas impugnadas por ese órgano.
También permitiría a los ministros designar a sus propios asesores legales y le daría al Gobierno control total sobre la selección de jueces.
La iniciativa provocó un terremoto político y social en el país, donde crece el rechazo y las críticas al Gobierno.
Un reciente sondeo del Instituto de Democracia de Israel señaló que el 66 por ciento de los entrevistados estimó que el Tribunal Supremo debería tener el poder de derogar normativas aprobadas por el Parlamento.
El presidente Isaac Herzog pidió negociaciones, pero la coalición gubernamental se negó a detener el proceso legislativo como exige la oposición para sentarse a conversar.
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