Una reciente encuesta anónima entre asociados del gremio reveló la penetración de este delito, la actuación de los delincuentes y su impacto en el giro de los negocios.
De acuerdo con los resultados, al menos 40 por ciento de los entrevistados sufrieron extorsiones y, de ellos, el 25 por ciento por más de siete años.
El monto que paga un 75 por ciento alcanza los 100 quetzales (alrededor de 13 dólares), mientras que para un 25 por ciento la cifra va desde 101 a 500 quetzales (unos 65 dólares).
La percepción sobre el tema es de aumento en un 10 por ciento, en tanto un 30 por ciento lo sitúa hasta en un 50 por ciento.
En su mayoría, las extorsiones se registran más en el área metropolitana y en el sur del país, según el sondeo de la CGAB.
Estos pagos inciden, además, en los costos por la inversión de personal y equipos de seguridad adicionales, y son catastróficos para las empresas y sus colaboradores porque de no cumplir, media siempre la violencia.
Para reducir el impacto de las extorsiones, las empresas se ven obligadas a cambiar los puntos de distribución en sectores de alta peligrosidad o el horario de sus repartidores.
La evaluación del fenómeno por parte de la Cámara coincide con un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el cual contabilizó 14 mil 725 denuncias en 2022 ante el Ministerio Público, un incremento del 11 por ciento en relación con el pasado año.
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