En caso contrario, exige que la corte superior declare a Bolsonaro incapaz y, en consecuencia, lo destituya de la presidencia de la República.
Los autores de la acción civil son los profesores de filosofía Renato Janine Ribeiro (Universidad de Sao Paulo (USP), y Roberto Romano (Universidad Estatal de Campinas).
De igual manera los profesores de derecho Pedro Dallari (USP) y José Geraldo de Sousa Jr. (Universidad de Brasilia); y los abogados Alberto Zacharias Toron, Fábio Gaspar y Alfredo Attié, presidente de la Academia Paulista de Derecho.
Todos están representados por los juristas Mauro de Azevedo Menezes y Roberta de Bragança Freitas Attié.
En el recurso, los demandantes denuncian que Bolsonaro no adopta medidas para combatir la Covid-19 y tampoco alienta a la población a asumir comportamientos que frenen la expansión de la pandemia.
Recomienda tratamientos ineficaces, como la cloroquina. El mandatario ‘no muestra empatía ni sentido de la humanidad. Tanto es así que a menudo minimiza los daños de la calamidad’, recalcan los autores.
Citan a psicólogos y psiquiatras que afirman que el exmilitar muestra evidencias de trastorno paranoico de la personalidad, en medio de una crisis sanitaria por la Covid-19, la cual provocó hasta la fecha más de 430 mil muertes y 15 millones contagios.
Tal perturbación, añaden, hace que la persona tenga ‘un patrón de desconfianza y sospecha difusa de los demás, de tal manera que sus motivaciones se interpretan como malévolas’, según el Manual Estadístico y Diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría.
En el caso de Bolsonaro, alertan los peticionarios, ‘la fantasía es la de un complot siempre preparado contra sí mismo, llevado a cabo por enemigos imaginarios, cuyos fundamentos pretende basar en apreciaciones pseudocientíficas de la realidad’.
Según los solicitantes de pruebas cerebrales, el excapitán del Ejército tiene el mínimo conocimiento de la realidad brasileña e internacional.
Peor aún, apuntan, el presidente ‘tiene una incapacidad para adquirir estos conocimientos y una incapacidad para elegir como ayudantes a quienes tienen la capacidad de superar esta incapacidad’.
Los abogados y profesores insisten en que el jefe de Estado y Gobierno debe tener las funciones mentales de la integridad, como la estabilidad emocional, el autocontrol, la flexibilidad, el juicio adecuado de la realidad, la capacidad de discernir las críticas de los ataques y la claridad de razonamiento.
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