A lo largo de la investigación, en testimonio, los policías que participaron en la acción admitieron que solo fue realizada por el sujeto ser negro.
Reconocieron que la sospecha que justificó la búsqueda personal fue el color de la piel.
El hombre llevaba 1,53 gramos de cocaína y fue arrestado. El caso ocurrió en 2020 en el municipio de Bauru, estado de Sao Paulo.
Fue condenado en la justicia a siete años y 11 meses de prisión por tráfico de drogas, pena reducida por el Superior Tribunal de Justicia para dos años y 11 meses.
La defensa recurrió al STF, al argumentar que hubo racismo estructural.
Hasta el momento, tres ministros del máximo juzgado votaron por considerar legales las pruebas obtenidas en el caso, al entender que no quedó configurado que la acción policial fue motivada por el color de la piel, o sea, por racismo estructural.
El relator del caso, ministro Edson Fachin, votó por considerar las pruebas ilegales y también para bloquear la acción contra el preso.
Alegó que el único elemento que llevó a los policías a acercarse al hombre fue el color de la piel, lo cual es discriminatorio.
Para Fachin, el enfoque fue ilegal y todo lo que pasó también.
Alertó que el sistema de justicia aún sigue sin mostrar que desactivó la red de estereotipos, los cuales atribuyen a negros sentidos sociales negativos que legitiman violencias.
«Es pasada la hora del sentido común, aún imperante, de que personas negras son naturalmente volcadas para la criminalidad para que, cuando menos y desde luego, ese contexto sea traducido por el Poder Judicial como una histórica y sistemática violación de derechos», remarcó.
En la votación, el juez propuso además que el Supremo fije una tesis con directrices para «frenar el perfil racial en búsquedas policiales».
Un estudio realizado por el Núcleo de Justicia Racial y Derecho, de la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo, en diciembre de 2022, reveló que órganos del sistema judicial, como el Ministerio Público y diferentes tribunales, contribuyen a la falta de castigo a policías involucrados en acciones que resultan en muertes de personas negras.
Los investigadores analizaron los procesos judiciales de ocho casos emblemáticos de violencia policial ocurridos entre 1992 y 2020.
Entre ellos aparecen la Masacre de Carandiru (1992), el de la favela Naval (1997) y el de Paraisópolis (2019).
Datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública de 2021 revelaron que el 84 por ciento de las víctimas de muertes derivadas de intervenciones policiales eran negras.
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