El salvadoreño La Prensa Gráfica (LPG) se hizo eco de la publicación europea según la cual el complejo, construido en una zona rural cerca de Tecoluca, unos 74 kilómetros al sureste de la capital San Salvador, es un «depósito» de personas donde los reclusos tienen menos espacio que el ganado.
Un análisis del diario de Reino Unido se basa en imágenes satelitales, según las cuales si la prisión alcanza su máxima capacidad de 40 mil detenidos, apenas tendrían 0,6 metros cuadrados de celda cada uno para vivir en lo que algunos ya llaman la «ciudad del crimen».
Denominada “Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)”, el enclave carcelario está considerado el mayor del mundo, donde los miembros de las bandas serán enviados a vivir durante décadas para pagar por sus delitos.
Ese será el destino que le espera a dos pandilleros que, según informó la víspera el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, fueron condenados por un juzgado a sentencias de mil 310 y de 945 años por varios asesinatos, extorsiones y otros crímenes.
El análisis del Times sostienen que si el gobierno cumple su promesa, la prisión tendrá también otra característica única y escalofriante: batirá récords de hacinamiento deliberadamente diseñado.
A las críticas se sumó Martin Horn, administrador jubilado que dirigió las prisiones de Nueva York, incluida Rikers Island, una de las mayores del mundo después de la de Los Angeles y una en Turquía, quien opinó que “cuarenta mil es demasiado para gestionar en un solo lugar, y punto. En cualquier circunstancia».
Destacan los medios que el presidente Nayib Bukele compartió videos en redes sociales de los primeros traslados que mostraron a cientos de hombres encadenados y semidesnudos apiñados en formaciones apretadas, cuerpo con cuerpo, antes de ser conducidos a las instalaciones en expansión.
El asunto pasó a un segundo plano en estos días cuando los principales espacios se dedican a las elecciones internas de los partidos y a acusaciones de fiscales gubernamentales contra miembros de partidos de izquierda por presuntos delitos de corrupción.
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