En su cuenta en Twitter, el jefe de Estado recordó este domingo el aniversario 27 de la implementación de ese engendro ilegal que codificó e internacionalizó la política de bloqueo “ignorando el Derecho Internacional, ante la mirada indiferente de las Organizaciones de Derechos Humanos”.
El 12 de marzo de 1996 el entonces presidente de Estados Unidos William Clinton (1993-2001) rubricó la Ley en un gesto politiquero de satisfacer los intereses de sectores extremistas de la comunidad cubanoamericana de la Florida y en busca de votos en las próximas elecciones.
Pese a la violación manifiesta del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, el Congreso de Estados Unidos sancionó dicho proyecto con el objetivo de estrechar todavía más las crueles e inhumanas sanciones económicas contra la isla, como las califican las autoridades de La Habana.
Después de años sucesivos de prórrogas desde la época de Clinton, por su impacto ante la comunidad mundial, la administración del presidente Donald Trump (2017-2021) aprobó la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, que entró en vigor el 2 de mayo de 2019.
Su implementación permitió a cualquier ciudadano estadounidense reclamar ante los tribunales de su país las propiedades que fueran confiscadas por el Gobierno revolucionario con el nacimiento de la Revolución cubana, en 1959.
La decisión del magnate y el conjunto de las 243 medidas coercitivas unilaterales aprobadas contra Cuba por su Ejecutivo, de las cuales la mayoría siguen vigentes con el actual ocupante de la Casa Blanca, llevaron al extremo la política de cerco contra La Habana.
El informe “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” del pasado año arrojó que, a precios corrientes, los daños acumulados durante seis décadas de aplicación de esta política ascendieron a 150 mil 410,8 millones de dólares.
Si se toma en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, el bloqueo causó perjuicios cuantificables por más de un billón 326 mil 432 millones de dólares, según el documento.
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