El caso tuvo repercusión internacional y convirtió a la socióloga y feminista en un símbolo político en la lucha por los derechos humanos y la mayor participación de las mujeres negras en los espacios de poder en el gigante suramericano.
Después de mil 826 días, la pregunta: «¿Quién mandó a matar a Marielle Franco?» sigue sin respuesta.
Por el momento continúan abiertas las investigaciones por el brutal homicidio y solo se registran detenidos dos supuestos autores materiales (los expolicías Élcio Queiroz y Ronnie Lessa), arresto que no aclara completamente el hecho de sangre.
«Las autoridades tienen la obligación de resolver este crimen. Mi madre debe ser recordada por su movilización de la dignidad y contra las injusticias, no por un crimen sin respuestas», afirmó Luyara Santos, hija de la regidora y una de las fundadoras del Instituto Marielle Franco, creado en 2019.
Franco y su chofer Anderson Gomes fueron ultimados en una céntrica zona de Río en la noche del 14 de marzo de 2018.
Trece disparos de una subametralhadora HK MP5, de alta precisión y utilizada solo por fuerzas policiales de élite, alcanzaron el vehículo en que se trasladaban.
La activista regresaba a su casa tras participar en un debate con jóvenes negras, cuando su auto fue baleado: ella recibió disparos en la cabeza y el conductor en la espalda.
En el informe de la investigación, Lessa es señalado como el tirador de la subametralladora y estaría en el asiento trasero del auto que acosó el coche de la concejala.
Vieira de Queiroz conducía el vehículo utilizado para perseguir a las víctimas.
Para organizar las demandas jurídicas y políticas del proceso de elucidación del atentado, fue creado, el 14 de julio de 2021, el Comité Justicia por Marielle y Anderson, formado por allegados de las dos víctimas y otras organizaciones.
La familia de la activista está convencida que, con el ascenso al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se abrió una nueva posibilidad para resolver el crimen.
«Entendemos que hubo un significativo cambio en la política pública de derechos humanos. Dos ministros se manifestaron sobre la solución del caso», admitió Santos, citada por el portal Brasil de Fato.
Aseguró que «con la llegada del nuevo gobierno, tenemos más esperanza de que el caso se resuelva».
ODIO Y PROMESA
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flavio Dino, afirmó este lunes que el crimen de Franco es un ejemplo «de lo que Brasil no debe ser».
Consideró que políticos y autoridades judiciales se dedicaron a «matarla de nuevo» después del homicidio.
«Marielle fue asesinada y, al día siguiente, políticos y autoridades, incluso del Poder Judicial, entre otros, se dedicaron a matarla nuevamente. Hasta hoy es como si hubiera un asesinato por día», indicó.
La declaración tuvo lugar en un evento sobre libertad de expresión, redes sociales y democracia en la sede de la Fundación Getulio Vargas, en Río.
Tras la muerte de la regidora, su nombre fue blanco de noticias falsas en Internet.
Al respecto, Dino certificó que el Gobierno trabaja en un proyecto para regular la difusión de contenidos en las redes.
«Tal vez este debate sobre Internet posibilite una puerta en la que podamos salir de ese laberinto de odio y vale todo en que la política brasileña se ha visto inmersa en los últimos 10 años», añadió.
Comparó el caso de la concejala y sus tribulaciones con una situación vivida en Europa hace 100 años.
Según el funcionario, la «manipulación de afectos» fue dominante en la lucha política a la época, sobre todo en la dimensión del resentimiento.
«¿Qué han sido los últimos 10 años en la política brasileña? La hegemonía del odio», remarcó.
Con el fin de ampliar la colaboración federal con las investigaciones sobre la organización criminal que perpetró los asesinatos, «determiné la instauración de investigación en la Policía Federal (PF). Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a aclarar tales crímenes», escribió Dino el 22 de febrero en la red social Twitter.
En enero, al asumir el cargo, prometió a familiares de la defensora de los derechos humanos que «es una cuestión de honor del Estado brasileño emprender todos los esfuerzos posibles y razonables, y así lo hará, para que ese crimen sea develado definitivamente».
La PF por vez primera investiga la causa como proceso administrativo interno y no hay plazo para completarse.
Por ser un expediente secreto, la cartera de Justicia aclaró que no dará detalles hasta la conclusión del caso.
En la práctica, el sumario continúa bajo responsabilidad del Ministerio Público, pero la PF investigará la parte que le compete, en fuerza de tarea con la Fiscalía de Río, y auxiliar en la parte de inteligencia.
Orlando Zaccone, fundador del grupo Policiales Antifascistas y delegado de la Policía Civil de Río, reconoció que existió morosidad en el proceso.
«Al llevar a lo federal el caso Marielle Franco muestra, evidentemente, un cierto fracaso de las investigaciones en Río de Janeiro, en lo que respecta a la segunda indagación, que averigua quién mandó matar a Marielle y cuál fue la motivación del crimen», reflexionó.
Señaló que después de descubierto el autor de los disparos y otras personas que participaron de la acción, «la motivación del crimen no fue identificada».
Pese a tormentos en estos cinco años, «no nos rendiremos hasta conseguir justicia para mi madre y Anderson», subrayó Santos, quien cree que el caso será elucidado, pero solo con la permanente vigilia de la familia y amigos.
Insistió en que «la respuesta tiene que ser dada por el Estado brasileño, para el país y para el mundo».
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