El funcionario puertorriqueño entiende que hay muchos elementos que deben aclararse antes del próximo 1 de junio, fecha en que está previsto entre en efectividad del contrato de privatización, que se extenderá por 15 años.
Entre los aspectos por explicarse, a juicio de García Feliciano, se encuentran cuánto personal tiene LUMA Energy para atender sus obligaciones, cómo manejará el servicio al cliente y la supervisión diaria y qué pasará con el representante de los consumidores ante la junta de gobierno de la AEE.
Además, observó, es un misterio la supervivencia del organismo rector de la corporación pública luego de que el consorcio estadounidense-canadiense tome control de la transmisión y distribución.
LUMA Energy operará desde las estructuras de la AEE, incluido su moderno edificio central en el sector capitalino de Santurce, tal como ha confirmado su presidente Wayne Stensby a algunos medios de comunicación.
El Defensor del Pueblo (Ombudsman) deja en el aire una diversidad de preguntas, entre estas el efecto que tendrá a largo plazo las reservas de mil millones de dólares, cuyo control asumirá el consorcio privatizador, que no aporta un solo centavo, y cuán responsable ha sido el gobierno de Pedro R. Pierluisi al manejar la movilidad de los empleados y proteger los derechos adquiridos.
Ante el silencio en este asunto medular, expresó que ‘sea ahora o más adelante, alguien tiene que, de cara al sol, ofrecer las contestaciones a estas interrogantes’.
García Feliciano señaló que cada uno de esos aspectos incide, directa o indirectamente, en la vida del ciudadano, pues si bien parece haber consenso en que la AEE sea reestructurada para que brinde un mejor servicio, no es menos cierto que tiene que ser de una manera ordenada, que disipe la incertidumbre.
‘Es imperioso que las partes concernidas atiendan con la mayor sensibilidad posible el movimiento o reclutamiento de los empleados’, apuntó el funcionario.
La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) se manifestaron este martes frente al edificio federal en el sector bancario de Hato Rey, donde la jueza Laura Taylor Swain atendía un recurso presentado por el gremio para detener el traspaso de la AEE a la corporación norteamericana.
La Utier, principal sindicato del ente eléctrico estatal, sometió un recurso ante la jueza que atiende la quiebra de Puerto Rico para que se anule el contrato, por considerarlo leonino.
Taylor Swain se reservó el fallo, sobre la solicitud del importante gremio, que representa a unos cuatro mil trabajadores de la AEE, considerados sumamente diestros, los cuales se han negado a renunciar para irse de cero con Luma Energy.
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