Con ese fin, autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, acordaron acelerar ocho iniciativas legales para combatir la ola de criminalidad que enfrenta la nación centroamericana al poseer la cifra récord de más de 180 homicidios en 2023.
De esas propuestas, tres ya están en la corriente legislativa, presentadas por el Poder Judicial y una está aún por entregar, según anunciaron los participantes en el encuentro, efectuado en el Salón de Expresidentes del Parlamento tico, el pasado día 20.
La primera busca fortalecer y mejorar la regulación del procedimiento para investigar y juzgar procesos por delincuencia, la cual establece el Tribunal contra el Crimen Organizado, mientras la segunda es una reforma que ataca los capitales emergentes y pide capturar los bienes de negocios ilícitos.
Mejorar el desarrollo curricular de la policía judicial, utilizando los terrenos de la Escuela Judicial; una modificación a la Ley de Telecomunicaciones para sancionar penalmente a quien fabrique dispositivos de radiofrecuencias con propósitos ilícitos, y cambios en el proceso de protección de víctimas son otras propuestas.
También están las de ampliar las escuchas telefónicas en casos de femicidios y soborno transnacional y establecer el anticipo de prueba en situaciones donde se pueda perder, así como la aún no expuesta referida a que el Registro Judicial de Delincuentes conserve durante mayor tiempo los antecedentes de las personas sentenciadas.
En la cita participaron los presidentes de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias,; de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y de la Sala Tercera, Patricia Solano; el Fiscal General, Carlos Díaz; los ministros de Seguridad, Jorge Torres, y de Justicia, Gerald Campos, y el director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga.
Además, el rector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Hans Sequeira, y la vicepresidenta del Legislativo, Gloria Navas.
Al concluir la reunión de unas tres horas, Arias destacó la necesidad de aplicar medidas que permitan bajar el nivel de delincuencia que tenemos, lo cual -añadió- requiere una política de Estado.
Costa Rica vive una ola de violencia que suma más de 180 homicidios hasta la fecha, cifra récord y atribuida mayormente al sicariato y a las luchas entre bandas dedicadas al narcotráfico por el control de territorios.
(Tomado de Orbe)
