Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Corresponsal jefe en Venezuela
El detonante fue el pasado 17 de marzo cuando la Policía Nacional Anticorrupción hizo público el inicio de una solicitud ante la Fiscalía para encausar judicialmente a un grupo de individuos que podrían estar implicados en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos.
Un comunicado de la apenas conocida fuerza policial creada por el mandatario, indicó que estas personas violaron el sagrado juramento de “honestidad, moral y ética” realizado para asumir las responsabilidades asignadas, y actuaron en clara acción lesiva de los intereses y necesidades de la República y sus habitantes.
Como caja de Pandora, de inmediato comenzaron a revelarse los sucesos, uno tras otro, de una investigación que desde finales del pasado año, en los meses de octubre y noviembre, ya el presidente tenía información y que en forma discrecional manejó en un reducido círculo.
No llama a sorpresa la feroz campaña orquestada desde sectores opositores, de adentro y de afuera, que intentan sacar rédito a la embestida gubernamental con argumentos poco creíbles, al hablar de “pases de cuenta” y “rivalidades internas” dentro de las filas del chavismo.
Razones que caen por sí solas, ante la postura asumida por los poderes del Estado e instituciones como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Contraloría de la República y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que desde el inicio se puso al frente del complejo proceso por instrucciones precisas de Maduro.
“Vamos a desenmascarar los antivalores del capitalismo y la indolencia, cero tolerancias a la corrupción y la traición a la Patria… Que caigan todos los bandidos y bandidas que creen que con un carné van a poner en duda la honestidad de la Revolución”, indicó la mayor fuerza política del país en un comunicado.
El apoyo provino también de la clase trabajadora, estudiantes, jóvenes, de las estructuras de base del PSUV y de la mayoría del pueblo en general, que protagonizó el fin de semana una gigantesca marcha por las calles de Caracas y en otros estados, en apoyo a la lucha contra la corrupción.
Miles de venezolanos, convocados por la llamada tolda roja, se sumaron a la denominada manifestación popular “Los honestos somos más”, que se congregó frente al Ministerio Público, para luego caminar hasta la sede de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
LA TRAMA
En la conferencia de prensa ante los medios nacionales e internacionales, el titular del Ministerio Público (MP) utilizó un concepto, manejado también por el Ejecutivo y el Partido Socialista, que la batalla contra la corrupción es histórica y no tiene color político.
“La corrupción es podrida sea cual fuese el que la realice”, afirmó Saab.
Apuntó que como titular del MP se sentía satisfecho de que en Venezuela “existe el principio de cooperación” entre la Fiscalía, el presidente de la República y con todos los órganos de seguridad del Estado.
Al detallar la trama de corrupción, explicó que hasta el momento están implicados 10 funcionarios del Estado y 11 empresarios, mientras igual cifra de personas vinculadas al sector privado recibieron órdenes de aprehensión.
Esta no es cualquier trama, sino de una de las “más escabrosas» conocidas en los últimos años, en la cual están implicados funcionarios, empresarios, mujeres y jóvenes de ambos sexos que fueron captados para el lavado de activos y premiaban con una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal, comentó.
#Venezuela 🇻🇪 #Especial 🗞️ || Las declaraciones del fiscal general Tarek William Saab, ratificaron las intenciones de llegar hasta la raíz en las acciones #anticorrupción emprendidas por el Gobierno de Nicolás Maduro y de trasparentar esa política.
📌 https://t.co/ZorKyxQw77 pic.twitter.com/xEN0i8Wem4
— Prensa Latina (@PrensaLatina_cu) March 27, 2023
Subrayó que la componenda está directamente vinculada a Pdvsa y a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), cuyos funcionarios de diferentes niveles y responsabilidad ejecutaron operaciones paralelas al crudo de la empresa estatal Petróleos de Venezuela.
Explicó que en el modus operandi ejecutaron acciones como las cargas de crudo en buques sin ningún tipo de control administrativo ni garantías y el incumplimiento de las normas de contratación requerida, así como con los pagos correspondientes a Pdvsa por el combustible asignado.
Estos “personajes del inframundo”, dijo, actuaron de manera inmoral a sabiendas del bloqueo, cerco económico, la crisis y las acciones criminales de varios Estados para ahogar por hambre al pueblo de la República Bolivariana, por lo que aseguró, se actuará «sin cuartel e inclemencia».
En un video mostrado, pudo apreciarse el actuar de las autoridades en el decomiso de varios aviones (jet), helicópteros, grandes inmuebles, vehículos de lujo, dinero en efectivo y otros activos, hoy todos en manos de las autoridades.
IMPLICADOS
Como jefe de la estructura de corrupción se identificó al coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministros de Pdvsa, quien cumplía servicio administrativo civil, junto a Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, superintendente Nacional de Sunacrip. Otros funcionarios implicados fueron Hugbel Rafael Roa Carucci, ahora exdiputado después de allanarse por unanimidad su inmunidad parlamentaria en la Asamblea Nacional; y el teniente coronel José Agustín Ramos, director de Seguridad de la Faja Petrolífera del Orinoco.
También resultaron apresados Yamil Alejandro Martínez, Odoardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, todos funcionarios de la vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa, y con acceso a las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior. A ellos se sumaron Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos, de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados; Manuel Meneses, operador financiero y asesor del jefe de la estructura, y Rogers Martínez, coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre los funcionarios públicos y empresarios asociados.
Con órdenes de aprehensión se encuentran otras 11 personas como los hermanos Rafael y Roger Perdomo, que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar los capitales y Daniel Prieto, asociado y operador financiero a nivel nacional e internacional.
Saab manifestó que los detenidos están acusados por apropiación o distracción de patrimonio público, legitimación de capitales y asociación, y tráfico de influencias, entre otros delitos.
Remarcó que los funcionarios públicos serán imputados, además, por traición a la patria, por burlarse de la necesidad del pueblo y ensañarse contra el trabajo, el padre de familia y enriquecerse de manera ilícita en las actuales circunstancias que vive el país.
En su intervención pública, el fiscal aludió a otro acto de corrupción en el que aparece comprometido el alcalde del municipio Santos Michelena, Las Tejerías, en estado de Aragua: Pedro José Hernández Inojosa, detenido por su vinculación con el delincuente Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias “El Conejo”.
De acuerdo con el titular del MP, este concejal financiaba y apoyaba con recursos del Estado fiestas, eventos públicos y material logístico de grupos delincuenciales, por lo que fue imputado por los delitos de extorsión agravada, terrorismo, obstrucción de la libertad de comercio, asociación para delinquir agravada, legitimación de capitales y traición a la patria.
En toda esta traman salieron a relucir también las detenciones de Cristóbal Cornieles Perret, presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y José Mascimino Márquez García, juez cuarto de control con competencia en casos vinculados con delitos de terrorismo.
Estos funcionarios del Poder Judicial, junto al abogado Yorwis Bracho Gómez, en el estado de Falcón, se aprovecharon de sus cargos para otorgar beneficios judiciales, por lo que están imputados de los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y asociación para delinquir.
Un caso a mencionarse, no por estar implicado, al menos por ahora, es el del ministro de Petróleo Tareck El Aissami, quien, obligado por las circunstancias, depuso su cargo con el propósito de «apoyar, acompañar y respaldar totalmente» el proceso impulsado desde el Gobierno para combatir el flagelo de la corrupción.
El también vicepresidente sectorial de Economía expresó en Twitter que la decisión emana «en virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción» en la empresa estatal de Petróleos de Venezuela.
Aissami manifestó que, en su condición de militante revolucionario, “me coloco a disposición” de la dirección del PSUV para apoyar esta cruzada emprendida por el presidente Nicolás Maduro contra los antivalores que estamos obligados a combatir, hasta con nuestras vidas.
VALOR AGREGADO
Si bien se reitera que la batalla de la Revolución bolivariana contra la corrupción y otros vicios comenzó desde la llegada del comandante Hugo Chávez al poder en 1999, en los últimos seis años sus resultados evidencian una continuidad.
Desde agosto de 2017 hasta la fecha (sumada esta última) se investigaron 31 tramas vinculadas a la corrupción, particularmente asociadas a la industria petrolera, lo cual evidencia una acción sistemática contra estos actos y revela que esta no es una «acción casual», aseguró Saab ante la prensa.
En tal sentido fueron judicializados 194 individuos, de los que 75 recibieron condenas, mientras resultaron imputadas 16 mil 90 personas, se realizaron seis mil 67 acusaciones y un total de tres mil 976 fueron sancionadas.
Tengo la absoluta voluntad y decisión de ir hasta la raíz misma para desmembrar todas estas mafias que hemos descubierto con las manos en la masa, afirmó el jefe de Estado en reunión ampliada del Buró Político.
Aseveró que “nada ni nadie nos va a detener en la voluntad y el empeño de castigar a esta mafia, de hacer justicia, de desmembrarla y de sanear plenamente los frentes que hemos abordado en esta primera operación”. Maduro aseveró que esta Revolución hermosa, defendida por el pueblo y fundada por el comandante Chávez, jamás será manchada ni mancillada, y llamó a defender la moral y la ética del proceso revolucionario fundado por el líder bolivariano.
Para el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, «jamás vamos a estar acompañando un acto de ese tipo, caiga quien caiga”, y aseguró que tienen muy claro «el camino de lo que tenemos que hacer».
Seguiremos avanzando en esta lucha, porque “son las excepciones y estamos actuando contra esas excepciones, nosotros tenemos siete millones de militantes, que salgan cuatro o cinco es una minoría ínfima”, pero “tiene que ser atacado ese flagelo en cualquier frente”, aseguró.
arb/jcd
